La superficie total que ardió en España durante 22 días del mes de agosto de 2025 se acerca a 400.000 ha. De los 93 fuegos registrados 39 fueron de categoría GIF, de grandes incendios forestales, es decir de más de 500 ha. Dejaron 8 fallecidos y 48 heridos, decenas de poblaciones evacuadas con más de 30.000 personas desalojadas, y tierras, casas y animales calcinados. Se multiplicó por 10 la superficie quemada en 2024. La zona más afectada fue el Noroeste de España (concretamente León, Orense y Zamora, las tres provincias más pobres de España) y Extremadura.
Ante semejante desgracia, lo primero es preguntarse por qué se producen los incendios, qué condiciones los hacen posibles y cuáles hacen que se propaguen. Naturalmente hay que reconocer diversas causas; la señalada por los medios de comunicación como primera, la humana, por intencionalidad o negligencia, o la motivada por los fenómenos atmosféricos extremos como tormentas y rayos. Sin embargo hay otras que son estructuralmente más determinantes que tienen que ver con agentes socioeconómicos y de gestión política, con la planificación de un sistema económico y una ordenación territorial condicionada por los intereses políticos que se impusieron desde los primeros años 60. Son éstas las políticas que han llevado a la despoblación rural, conformando la llamada España vaciada, y han tenido como resultado en el ámbito rural la reducción de la vigilancia y de la ganadería extensiva que controlaba el matorral; de modo que el modelo económico que tenemos ha acabado con la ganadería doméstica. El capitalismo ha impuesto modelos de producción intensiva tanto agrícola como ganadera que han tirado los precios para los productores, de manera que lo que ha vaciado los pueblos ha sido el modelo social y de producción capitalista que hace económicamente inviable vivir en un pueblo de lo que da la tierra. Desde luego lo que no podemos aceptar es que solo se carguen las tintas en la negligencia o en los pirómanos.
Es competencia de los gobiernos y del Estado en su conjunto prevenir y combatir los incendios. En consecuencia, la insuficiencia de medios de prevención, como es la limpieza del monte, así como las limitaciones en la extinción, es decir, la escasez de recursos tanto humanos como materiales, deben ser señalados como causas determinantes de los incendios. El Plan Especial de Protección Civil Ante Emergencias por Incendios Forestales (Plan INFOCAL) se aprobó el 5 de marzo de 2025 pero no se implementaron protocolos preventivos ni se activaron recursos suficientes para su puesta en marcha. Así que podríamos hablar del abandono o ausencia de gestión forestal por parte de las instancias políticas públicas ‘competentes’.
De los fondos europeos Next Generation previstos para la gestión forestal en el Estado español, 71 millones de €, solo se han invertido 2,7 millones. Y lo que no se gasta se devuelve.
La prevención es la partida presupuestaria contra el fuego más perjudicada. El presupuesto público estatal para extinción entre 2009 y 2022 se mantuvo en torno a los 400 millones de €. Después de este año descendió a 175 millones de €.
Las competencias en materia de prevención y extinción de incendios en los niveles 1 y 2 son de las CC.AA. que pueden activar el nivel 3 para que el Estado se haga cargo. Ninguna lo hizo y tampoco el Estado que podía y debía haber intervenido de oficio.
Los servicios de extinción en las CCAA están mayoritariamente privatizados. Si se prioriza el beneficio de las empresas no se cuidan los bosques durante todo el año, ya que los contratos son de 4 a 9 meses y principalmente durante el verano. En el caso de Castilla y León el 40% de los bomberos forestales trabajan para 38 empresas privadas (entre ellas Acciona y EULEN) que se reparten las licitaciones para la prevención y extinción de incendios. Otro 40% son empleados de la empresa pública TragSA, y 20% dependen del gobierno regional. De modo que solo es público el 40% de los servicios de extinción. El resultado es una falta de coordinación de los recursos cuyas consecuencias hemos sufrido este año.
Las condiciones laborales de los bomberos se sustancian en contratos muy precarios. Las empresas contratan cuadrillas contra incendios únicamente para la campaña de verano que no incluye labores de prevención. De este modo el 60% de los trabajadores en invierno se va a la calle y los pocos que quedan (las cuadrillas de montes) son los que hacen prevención en invierno. A esta falta de estabilidad se suma la falta generalizada de profesionalización de los bomberos (un curso de 16 horas y el resto se aprende en el fuego…). Los peones especialistas cobran el salario mínimo, más pluses por peligrosidad por apagar incendios. En la mayoría de las CCAA no se les ha reconocido la categoría de bomberos forestales a pesar de que existe una Ley de Bomberos Forestales del 8 de noviembre de 2024. La más importante de sus reclamaciones es formar parte del sector público ya que no puede ser, aducen, que un servicio de emergencias esté privatizado.
En el rifirrafe entre el gobierno de coalición y los de las CCAA y dirigentes del PP, aquél presume de haber puesto a disposición de éstas 56 aeronaves, 1.400 efectivos de la UME y 5.000 guardias civiles. La cuestión es si son suficientes; porque el Gobierno central perdió el 20% de su flota de aviones cisterna y la falta de presupuestos generales ha impedido la compra de 7 aeronaves anunciadas. Más delito tiene la retirada del servicio de los helicópteros rusos Kámov, con la mayor capacidad de carga y sin otros aparatos que los pudieran sustituir. Sumar hizo una petición parlamentaria para que el Gobierno solicitara a Bruselas la excepción a las sanciones a Rusia para poder utilizar estos helicópteros, pero el Gobierno no lo hizo.
Toda la aportación de Pedro Sánchez fue responsabilizar al cambio climático y a los negacioncitas y proponer un gran pacto de Estado contra la “emergencia climática”. Da la sensación de que la emergencia climática pretende ocultar las causas reales concretas de los incendios cuando más que una situación de emergencia climática lo que hay es un estado de alarma creado.
La gestión de los incendios tiene que ver con medidas públicas e intereses privados. El despoblamiento, la España vaciada, el éxodo rural no son fenómenos atmosféricos. Como tampoco dependen de las inclemencias del tiempo las formas de gestión privada de los recursos forestales. Y priorizar en los presupuestos de las instituciones políticas públicas el gasto en el armamento bélico frente al material contraincendios, tampoco tiene que ver con el clima.
El capitalismo en crisis es depredador hasta sus últimas consecuencias. A medida que la crisis avanza los capitalistas pierden las vergüenzas, parasitan y depredan. Actúan con tremenda crueldad en la búsqueda desesperada de la ganancia, favoreciendo circunstancias estructurales como la explotación de los trabajadores mediante los intermediarios y empresas subcontratadas, favoreciendo las condiciones que dan lugar a la España vaciada en cuanto a la ausencia de agricultura y ganadería, produciendo un acelerón en el vaciamiento del medio rural y el cambio en el uso del monte, y si hace falta… provocando incendios.
Existen además intereses espurios relacionados con el aprovechamiento de la madera quemada para alimentar plantas de biomasa por mor de las renovables, cuando lo que se debería hacer era prohibir su venta para desincentivar las quemas y que nadie se beneficie de los incendios. O los que en un análisis menos extendido pero de gran interés por recoger y relacionar las estrategias de la UE en el contexto de la economía de guerra, y las tierras raras y las zonas que ardieron, hace Diego Herchoren y que reproducimos a continuación.
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