El asesinato del alma del movimiento obrero, objetivo principal de la Transición

Versión en Francés

Artículo publicado en la revista n.º 11 Con-Ciencia de Clase.

Ángeles Maestro

En la guerra contra el fascismo y en la dictadura que la siguió fueron masacrados los cuerpos de millones de trabajadores. La brutal y sistemática represión posterior aniquiló, pueblo a pueblo, a los mejores hijos e hijas de la clase obrera. El terror, inoculado a sangre y fuego en los quedaron, debía consumar la tarea de enterrar definitivamente cualquier forma de resistencia.

No lo consiguieron. El crimen masivo no logró, ni mucho menos, acabar con la resistencia obrera. En condiciones durísimas de represión, la clase trabajadora de los pueblos del Estado español – nutrida con la memoria de quienes cayeron – logró muy pronto reconstruir sus organizaciones y erigir un poderoso movimiento obrero. El hilo rojo se reconstruyó y nuevas generaciones que no habían vivido la guerra civil se colocaron a la cabeza de las luchas obreras.

La operación política de las clases dominantes llamada Transición, rematada por el golpe de Estado del 23 F de 1981 tuvo muchas dimensiones; entre ellas, la de sepultar el Derecho de Autodeterminación, con la LOAPA¹, o imponer la bota del imperialismo con la entrada en la OTAN. Sin ignorar su trascendencia, la clave de bóveda para imponer la estrategia de la oligarquía nacional y del imperialismo – maquillar la Dictadura sin cambiar las bases del poder– era debilitar, hasta la extenuación, la conciencia de clase.

1. Algunos apuntes del movimiento obrero durante la dictadura.

La reconstrucción de las organizaciones comunistas y anarcosindicalistas comienza en las zonas industriales poco después de terminar la guerra y cuando aún se oían los disparos de los grupos guerrilleros que actuaban en las sierras² y también en ciudades, como Madrid³. A pesar de que la Guerra Fría propició el reconocimiento del Régimen franquista por parte de EE.UU (1953) – a cambio de la instalación de las Bases militares – al que siguió el de los gobiernos de Europa occidental, la reorganización del movimiento obrero prosiguió. Poco a poco, una nueva generación de trabajadores y trabajadoras, en medio del terror, buscaba a tientas la reanudación del hilo rojo truncado por el asesinato masivo de sus predecesores.

La primera gran huelga tuvo lugar en 1947 en Vizcaya, en torno al 1º de mayo. Fue convocada por el Consejo Delegado – Junta de Resistencia, una plataforma clandestina que agrupaba a partidos políticos y a los sindicatos UGT, ELA-STV y CNT⁴. Se inició en los astilleros de Euskalduna y fue convocada mediante rudimentarias octavillas; pronto la siguieron otras empresas metalúrgicas de ambas márgenes de la ría. En un contexto de profundo descontento por los bajos salarios, largas jornadas laborales y carestía de la vida, se reivindicaba el derecho a celebrar el primero de mayo, prohibido por la dictadura. Pararon cerca de 40.000 metalúrgicos⁵. La huelga se prolongó hasta el 10 de mayo, en medio de una fuerte represión patronal (cientos de despedidos) y policial. Un trabajador murió por torturas en comisaría. El Consejo Delegado- Junta de Resistencia convocante decidió la vuelta al trabajo el día 11. Esa fue probablemente la primera comisión obrera.

Se había demostrado que aun en condiciones de dura represión, y la consiguiente clandestinidad relativa, era posible convocar huelgas y avanzar en la organización de la clase obrera.

Las comisiones obreras funcionaron de forma descentralizada y desde la base; por ello fueron más resistentes a la represión y también a su control por parte de estructuras con intereses ajenos a la clase obrera. La comisión estaba integrada por aquellos trabajadores que gozaban de la confianza de la asamblea, independientemente de su filiación política o ideológica y al margen de cualquier convocatoria institucional. El poder obrero, la asamblea y la unidad de clase son caras de una misma moneda.

La lucha obrera tiene un crecimiento constante, especialmente desde los años 60 hasta 1978. A pesar de que la huelga era considerada como un delito, el número anual de horas de huelga pasó de 850.000 en 1970, a 13.200.000 entre 1976 y 1978. De los miles de ejemplos que labraron la historia del movimiento obrero durante la dictadura, destaco dos de ellos de características y resultados muy diferentes:

• La huelga general de 1972 se inició en Ferrol en marzo con dos trabajadores asesinados y muchos heridos a manos de la policía y se extendió poco después a Vigo. La represión policial y los despidos tuvieron respuesta con la extensión de la huelga y la paralización de la ciudad. Cuando la patronal quiso despedir a toda la comisión obrera, surgió el grito “O todos o ninguno”. Nadie entró a trabajar hasta la readmisión. Todas las reivindicaciones se consiguieron. Se decía que “en Ferrol y Vigo se podía crear un poder en la calle y en las fábricas, superior al del Régimen”⁶.
• El 3 de maro de 1976, en Gasteiz (Vitoria), al salir de una asamblea en una iglesia, fueron asesinados cinco trabajadores, más de un centenar de personas heridas de bala, cientos de detenidos, contusionados, bajo las órdenes directas de Manuel Fraga y Martín Villa⁷. Sucedió en el marco de una huelga general convocada por la comisión obrera elegida por los trabajadores. Se les llamaba comisiones representativas y eran el símbolo más genuino del poder de la asamblea obrera que no sólo era el único órgano con poder para tomar decisiones sino que también podía revocar a los miembros de la comisión cuando lo considerara oportuno. Estas comisiones constituidas totalmente al margen de la legalidad franquista representaban la democracia obrera y la unidad de clase. La matanza, ocurrida cuando la gestación de la Transición estaba ya avanzada, fue un crimen de Estado ejemplarizante, de genuino terrorismo de Estado, cientos de veces reeditado en la sangrienta Transición. A los asesinos y a quienes dieron las órdenes de la matanza (Manuel Fraga y Rodolfo Martín Villa), como a tantos otros criminales de guerra, se les aplicó la Ley de Amnistía de 1977⁸

2. La mutación del PCE

La hegemonía del PCE en la reconstrucción del movimiento obrero en las primeras décadas de la Dictadura es indiscutible. En esa época el PSOE⁹ y la UGT (salvo en algunos lugares como en Asturias), son prácticamente inexistentes. Empezarán a aparecer a partir de 1974, cuando tras el Congreso de Suresnes se configuran como instrumentos privilegiados de los aparatos de poder de la burguesía española y del imperialismo euro-estadounidense¹⁰.

El papel decisivo para llevar a cabo la operación de asegurar la continuidad en el poder de las clases victoriosas de la Guerra Civil y de sus aparatos de Estado con el necesario “consenso”, lo jugó la dirección del PCE, la organización que tenía una influencia decisiva en la clase obrera.

Una buena parte de sus más combativos y heroicos militantes que participaron decisivamente en la configuración de la resistencia obrera frente a la Dictadura, sufrió la represión interna: sus estructuras organizativas, sobre todo las células y los comités de fábrica, fueron disueltas y sus principales dirigentes expulsados.

El principio Los primeros pasos de la mutación del PCE se dieron en su dirección que residía mayoritariamente en el exterior. En su desarrollo influyó con fuerza el triunfo en el XX Congreso del PCUS (1956) de la demoledora crítica a toda la época de Stalin, encabezada por N. Kruschev en su “informe secreto”¹¹. Se fortalecieron las posiciones revisionistas lideradas por Santiago Carrillo que en su VI Congreso (1959) sustituye a Dolores Ibárruri en la secretaría general.

El proceso político que culmina con la muerte de Stalin y la victoria de sus oponentes políticos dio origen a cambios decisivos en la dirección del PCUS y en los aparatos del estado soviético que determinaron a su vez transformaciones definitivas en los partidos comunistas de la órbita soviética. Se impuso la línea de convivencia pacífica con el imperialismo y la penetración de ideologías “reformistas” que acabarían con la propia URSS y que en pocos años iban a reducir a la insignificancia a los mayores partidos comunistas de Europa.

Los cambios cualitativos ocurridos en el PCE, si bien se enmarcan en el proceso general de derrumbe ideológico y político de los partidos comunistas europeos, tuvieron características propias derivadas de la propia historia de España. Ambos procesos, el general y el específico, íntimamente relacionados, condujeron al derrumbe de una organización con una historia heroica durante la Guerra Civil y buena parte de la lucha contra la Dictadura, y que acabó siendo cómplice decisivo en una operación política al servicio de las clases dominantes y contra la clase obrera.

El VIII Congreso (1972) sancionó la liquidación de sus rasgos revolucionarios y puso las bases del eurocomunismo: aceptación del Mercado Común Europeo y el llamado Pacto por la Libertad. Todo este proceso estuvo plagado de expulsiones de destacados miembros de la dirección o de silenciosos abandonos, como el de Manuel Sacristán. En esa época se produce también la entrada en el PCE de la organización Bandera Roja, compuesta por intelectuales de la pequeña burguesía.

El eurocomunismo, los pactos y la promesa de altos cargos institucionales les venían como anillo al dedo. Pronto se situaron en la dirección y reforzaron los profundos cambios que se habían iniciado. Sus miembros, años después, ocuparían ministerios en los gobiernos del PSOE¹².

Para valorar esta mutación y sus repercusiones en el movimiento obrero y popular es útil esta comparación. En el año 1970, en el Proceso de Burgos, se condenó a muerte a seis miembros de ETA. Las masivas movilizaciones populares y la presión internacional impidieron que las sentencias fueran ejecutadas. La militancia del PCE, junto a otras organizaciones participó en las luchas masivas, considerando a los militantes de ETA, “compañeros, con diferente línea política”. En el año 1975, con el Régimen debilitado y fracturado, cuatro consejos de guerra – obviamente sin las mínimas garantías procesales – condenaron a muerte a once personas. Se consumó el fusilamiento de cinco: tres miembros de ETA y dos del FRAP, a pesar de las grandes movilizaciones en el interior y en el exterior. En aquel momento la dirección del PCE consumó una de sus mayores ignominias: dio la orden a la agrupación de abogados de no prestar ningún apoyo legal a los encausados. El PCE, con su pasividad ante un abominable crimen de Estado que acabó con las vidas de cinco jóvenes antifascistas condenados sin la más mínima garantía procesal, mostraba su

lealtad a las estructuras de poder que ya se estaban gestando. El 27 de septiembre de 1975, con Franco agonizante y Juan Carlos ya en la jefatura del Estado se ejecutaron las sentencias¹³.

En 1975 se publica el Manifiesto Programa que diseña un camino de cambios graduales obtenidos por la vía electoral que abrirían el camino al socialismo. En 1977 aparece el libro de Santiago Carrillo “Eurocomunismo y Estado”. La crítica más lúcida desde posiciones comunistas al viraje estratégico del PCE, iniciado mucho antes pero que se consumaba entonces, la realizó Manuel Sacristán. Desechando cualquier visión idealista de la correlación de fuerzas, que finalmente se mide en “tanques” (sic) plantea que efectivamente hay momentos históricos en los que una fuerza revolucionaria debe dar un paso atrás, pero lo que es inadmisible es que esa retirada táctica se convierta en una integración acomodaticia y se presente como una vía victoriosa al socialismo.

Cuando las elucubraciones teóricas se concretan y se llega a la firma del Pacto de la Moncloa, las palabras de Manuel Sacristán son una premonición de la insignificancia en la que se ha convertido hoy “El Partido” de los años de lucha contra la Dictadura:

Desde mi punto de vista, firmar el pacto de la Moncloa, o en general fabular vías al socialismo es meterse a zascandil de la historia, intentar ser universal y perder en el intento hasta la misma identidad de uno; es, en suma, querer ser demiurgo y quedarse en mequetrefe. Y eso mismo me parece en general el empeñarse el hombre en instrumentar «engarces» entre el día y el siglo¹⁴.

3. Grandes palos a cambio de pocas lentejas.

Es bien conocido que la legalización del PCE en abril de 1977 se produjo tras la aceptación por parte de su cúpula de la monarquía heredera directa del franquismo, el himno y la bandera de los fascistas vencedores de la guerra civil. También se renunció a la realización de un referéndum sobre la forma de Estado.

El control del movimiento obrero en España por parte de la oligarquía imperialista era clave en momentos de auge de la lucha popular y de gran inestabilidad política, especialmente en Europa.

Para valorar la importancia de esto último recuerdo que el 25 de abril de 1974 tuvo lugar la Revolución de los Claveles en Portugal y en diciembre de ese mismo año el pueblo griego había votado masivamente contra la monarquía aliada del fascismo, y expulsado del país a la familia real, parientes directos de la reina Sofía. Por otra parte el movimiento obrero y popular vivía una gran efervescencia al calor de la derrota del imperialismo en Vietnam, del auge de los movimientos de liberación nacional y de las luchas obreras en Europa que se enfrentaban a los primeros zarpazos de la versión neoliberal del capitalismo en crisis.

La aceptación de la monarquía, además de otorgar legitimidad a la herencia de la dictadura, supuso la venta directa de un sentimiento popular muy arraigado contrario a la monarquía y en una correlación de fuerzas mayoritariamente favorable a la república. Un informe de la Fundación Foessa de1970¹⁵basado en una encuesta sobre la forma de Estado preferida para después de Franco, arrojaba los siguientes datos:

• República……. 49,4%
• Actual………… 29,8%
• Monarquía…….20,8%

No se trató sólo de una aceptación formal por la que el PCE eliminaba la bandera bajo la cual habían luchado y muerto decenas de miles de militantes. Los guardaespaldas de Carrillo, como relata Alfredo Grimaldos, se dedicaban a arrancar y desgarrar las banderas republicanas de quienes osaban desplegarlas¹⁶. No sólo era la bandera, era toda una heroica historia de lucha y de resistencia – empezando por la de sus propios militantes – lo que la dirección del PCE pretendía sepultar.

Dice Rodolfo Wals: Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores, la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas.

Cuando las principales organizaciones de las clases oprimidas se hacen cómplices, e incluso ejecutoras, de la amputación de la memoria, el desastre es mucho mayor.

Era el primer gran golpe contra la clase obrera y los pueblos del Estado español. El segundo vendría pocos meses después. La Ley de Amnistía de octubre de 1977 anulaba todo tipo de responsabilidad por los crímenes: asesinatos, torturas, robos, violaciones, despidos y persecuciones de todo tipo de autoridades, perpetrados desde el golpe de Estado de 1936. Esta Ley, incompatible con el Derecho Internacional que considera imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, sólo se diferencia de las que suelen autoaplicarse todas las dictaduras en que aquí era aceptada y aplaudida por los supuestos representantes de las víctimas.

Esta Ley es una de las más gigantescas «leyes de punto final» que ha conocido la larga historia del terrorismo de Estado. Bajo ese manto de impunidad cayeron hechos muy recientes entonces y de la magnitud del fusilamiento de cinco jóvenes antifascistas el 27 de septiembre de 1975, con Franco agonizante y con el rey ejerciendo de número dos en la Jefatura del Estado, o la matanza por disparos de la policía de cinco trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, siendo Fraga Iribarne Ministro de la Gobernación.

La Ley de Amnistía no sólo cancelaba y dejaba impunes todos los delitos perpetrados por los aparatos del Estado. Supuso también mantener en sus altos cargos a todos los fascistas asesinos, torturadores y ladrones, del Ejército, la Policía, la Guardia Civil, la Judicatura, las administraciones públicas, las universidades, las escuelas, los hospitales, y también de la patronal y de la Iglesia Católica. Es decir, quedaba intacto todo el engranaje de poder así como todas las estructuras sociales que habían sostenido y reproducido un Régimen fundado sobre el asesinato sistemático y el terror.

Se vendía así, a cambio de la legalización de un PCE ya desnaturalizado, el tesoro de heroísmo y de lucha obrera y popular de quienes cayeron defendiendo la república y la revolución y de quienes pagaron con la vida, el exilio o la cárcel la reconstrucción de sus organizaciones. El pago de los traidores fue también honorífico; en los salones de la burguesía y en la prensa se reconocían los servicios prestados por Santiago Carrillo – el aprendiz de demiurgo convertido en mequetrefe, como lo definía Manuel Sacristán – considerándolo “hombre de Estado”. A su vez, Jordi Solé Tura, dirigente de Bandera Roja, se convertiría en “padre” de la Constitución.

4. Lucha de clases con las manos atadas.

La única forma de analizar cabalmente la Transición es desde la perspectiva de la lucha de clases.

La gran burguesía y la aristocracia que, “chorreando sangre y lodo” habían desarrollado su poder al amparo de la Dictadura¹⁷, vieron consagrada su impunidad por la Ley de Amnistía. El robo a mano armada – nunca mejor dicho – se había perpetrado mediante la lucha de clases más feroz: la patronal, la Iglesia y la Falange iban asesinando salvajemente, pueblo a pueblo, barrio a barrio, a militantes de partidos y sindicatos, muchas veces también a sus familias y a quienes osaron resistir¹⁸.

Parafraseando a István Mészáros¹⁹, la Transición dejó a la clase obrera con las dos manos atadas a la espalda frente a la lucha de clases; una de ellas por la burguesía y la otra por sus propios partidos reformistas y por los dirigentes de CC.OO y UGT.

La gran ofensiva contra la clase obrera y los pueblos del Estado español que fue la Transición requirió potentes embestidas ideológicas mezcladas con dosis altas de represión y algunas migajas para los sobornos de dirigentes, bien en “mordidas” o bien en especie con cargos institucionales.

Doce días después de votada en las Cortes la Ley de Amnistía, se firmaron los Pactos de la Moncloa.

Bajo muchos ropajes literarios y declaraciones de intenciones, los Pactos expresaban la voluntad de dejar sin efecto la ley más favorable a los intereses de la clase obrera de la historia, la Ley de Relaciones Laborales de 1976²⁰. Esta Ley, que fue promulgada por las Cortes franquistas y con los dirigentes sindicales en la cárcel, muestra con claridad meridiana que lo determinante es la correlación de fuerzas y que entonces la clase obrera era fuerte y el Régimen estaba muy debilitado. La Ley, además de garantizar la estabilidad en el empleo, establecía en su artículo 35 algo básico para la lucha de clases: la obligatoriedad de readmitir al trabajador en un despido improcedente, prohibiendo expresamente sustituirlo por indemnización, salvo que el trabajador lo solicitara. Era un instrumento clave contra los despidos de dirigentes y las “listas negras”. Duró poco más de un año.

En los Pactos de la Moncloa, que buscan justificación en la “gran crisis económica” – la misma con la que un año antes se promulgó la progresista Ley anterior – y en aras de la “creación de empleo” y la “competitividad”, se congelaban los salarios y desaparecía la causalidad en el tipo de contrato (debía ser indefinido si la producción también lo era), abriendo camino a la contratación temporal. De la trampa mortal a la que condujeron los nuevos padres de la patria a la clase obrera dan cuenta las cifras siguientes:

Tasa de paro. 1977: 5,7%²¹; 1980: 12%²²; 1985: 21,5%²³

El poder adquisitivo de los salarios bajó 8,2 puntos entre 1977 y 1981, mientras los beneficios empresariales aumentaron la astronómica cifra de un 83,7%. Andreu García Ribera²⁴ relaciona estos hechos con los topes salariales vinculados a la inflación prevista por el Gobierno y no a la real que siempre era muy superior, además de la derrota general de la clase obrera que se inició con dichos Pactos.

Lo que se introducía como una emergencia frente a la crisis fue el inicio de un retroceso ininterrumpido en los derechos laborales y sociales. La patronal, que tenía y tiene muy clara la lucha de clases, sabía que lo importante era debilitar al enemigo.

La primera estocada fuerte vino con Real Decreto 17/1977 sobre relaciones de Trabajo. Llamo la atención sobre el hecho de que con un Real Decreto emitido por el Gobierno y de rango manifiestamente inferior al de una Ley, se modificara la Ley de Relaciones Laborales de 1976. Este procedimiento, flagrantemente contrario a derecho, no fue denunciado ni en el nuevo parlamento ni por los sindicatos. Obviamente el “trágala” estaba aceptado.

El R.D. 17/1977 deroga expresamente el artículo 35 de la Ley de 1976 y restablece el despido improcedente como opción del empresario, hecho reclamado insistentemente por la patronal. El citado artículo 35 decía así:

Art.35.1. Cuando en un procedimiento por despido, el Magistrado de Trabajo considere que no hay causa justa para el mismo, en la sentencia que así lo declare condenará a la empresa a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse aquél, así como al pago del importe del salario dejado de percibir desde que se produjo el despido hasta que la readmisión tenga lugar.

Art. 35.4. Cuatro. La sentencia que imponga la readmisión deberá ser cumplida por el empresario en sus propios términos, sin que pueda ser sustituida por indemnización en metálico, salvo acuerdo voluntario de las partes o cuando el Magistrado, atendiendo a circunstancias excepcionales apreciadas en el juicio que impidan la normal convivencia laboral, resuelva dejar sin efecto la readmisión mediante el señalamiento de una compensación económica.

Dicha compensación no podrá ser en ningún caso inferior a seis meses de salario ni a dos mensualidades por año de servicio, sin que la cantidad resultante pueda exceder de doce anualidades. Cuando se trate de trabajadores titulares de familias numerosas, dichos mínimos se multiplicarán por uno coma cinco, si es de primera categoría, y por dos, en los demás casos. Los trabajadores mayores de cuarenta y de cincuenta y cinco años quedarán equiparadas, a estos efectos, respectivamente, a las categorías indicadas, e igualmente los minusválidos, según los coeficientes que reglamentariamente se establezcan.

Además el Real Decreto 17/1977 introduce restricciones muy importantes al derecho de huelga que continúan vigentes, tales como el aviso previo, la prohibición de ocupar los locales durante la huelga y, sobre todo el artículo 11 que declara expresamente ilegal la huelga:

a) Cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente (sic) al interés profesional de quienes la promuevan o sostengan.

c) Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo.

La derogación de esta norma, que es de las más restrictivas de los derechos laborales y que atenta directamente contra derechos básicos y contra la solidaridad de clase, debería ser uno de los pilares de las reivindicaciones comunes de la clase obrera, máxime cuando el R.D. es preconstitucional y vulnera flagrantemente la jerarquía normativa, ya que un Real Decreto no puede derogar una Ley.

5. El final de las comisiones obreras y el estallido de la unidad de clase.

Las comisiones obreras, como los soviets, no fueron el resultado de la decisión de ningún Comité Central. Fueron una brillante creación de la clase obrera que respondía a sus necesidades más importantes. La comisión obrera estaba constituida por un grupo de trabajadores y trabajadoras, elegidos por la asamblea de toda la plantilla, para ser sus portavoces en reivindicaciones, huelgas, etc. Era la asamblea la dueña absoluta de la toma de decisiones. Las comisiones se elegían al margen de cualquier normativa institucional, no por cuotas ideológicas, políticas o de otro tipo, sino por ser depositarios de la confianza de sus compañeros; respondían ante la asamblea y eran revocados cuando, por la razón que fuera, no cumplían adecuadamente. El poder obrero y la unidad de clase eran una misma cosa y surgía desde la base, que era el fundamento de una coordinación sectorial y territorial posterior.

Acabar con ello fue uno de los objetivos de la burguesía durante la Transición. Los despidos y las sanciones, que la recién estrenada legislación permitía, fueron un instrumento clave para descabezar el movimiento obrero, unido a los cambios organizativos internos que iban en la misma dirección.

Un ejemplo bien ilustrativo de cómo el “consenso” y el “pacto social” se iban convirtiendo en colaboración de clase: La Ley de Amnistía liberó a cientos de dirigentes sindicales de las cárceles; cárceles que además se habían convertido en universidades de la conciencia de clase. La patronal gastó ingentes cantidades de dinero para que esos cuadros sindicales no se reincorporasen y no hubo ninguna orientación general, ni política, ni sindical, por parte del PCE o de CC.OO en sentido contrario. La clase obrera, fábrica a fábrica veía así desaparecer a sus mejores dirigentes.

La consumación del fin de las comisiones obreras originarias fue la constitución del sindicato de CC.OO, decisión adoptada en el Congreso celebrado en 1978, que supuso también su ruptura. Aparecieron múltiples escisiones, entre ellas las de la CSUT y SU ²⁵

Al tiempo que se declaraba ilegal la solidaridad entre los trabajadores – elemento clave de la unidad y la conciencia de clase – la patronal daba un paso decisivo para fortalecerse aun más como grupo de presión, en junio de 1977 se creaba la CEOE.

La llamada “territorialización” representó la ruptura de los lazos políticos del PCE con la clase obrera en una maniobra genuina de colaboración de clase con la burguesía. La dirección del partido disolvió las células y comités de fábrica enviando a sus militantes a organizaciones de barrio. Era la consumación del eurocomunismo, la renuncia a todo proyecto revolucionario basado en el poder obrero para, según se decía, prepararse para ser “partido de gobierno”.

6. La Transición “pacífica” chorreando sangre.

318 muertos, asesinados a sangre fría por la policía, la guardia civil o por organizaciones fascistas entre 1976 y 1983²⁶. A algunos, como los responsables de los asesinatos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, los convirtió en impunes la Ley de Amnistía. Al resto les aseguró la impunidad el propio Estado con juicios amañados, ocultando pruebas, facilitando la huida de los asesinos o indultándolos. Este hecho por sí mismo bastaría para demostrar la continuidad del fascismo en los aparatos del Estado y que, independientemente de la mano ejecutora, los crímenes se hacían en su nombre. Eran estrictamente Terrorismo de Estado.

Es menos conocida la vinculación del terrorismo de Estado desde el final de la II Guerra Mundial, en España y en Europa, con la OTAN. “Solamente tras el escándalo de Gladio en 1990 se pudo descubrir que quizás la mayor red de Quintas Columnas secretas ha sido hasta hoy la red stay behind de la OTAN”²⁷ La íntima relación entre los aparatos de Estado de la Dictadura que pasaron a la “democracia” sin depuración alguna, los grupo fascistas y organizaciones terroristas como los GAL (en sus diferentes versiones, incluida la judicial), permitió centenares de asesinatos de jóvenes militantes que permanecen impunes²⁸.

El Golpe de Estado del 23 F de 1981 (y los demás Golpes en él inscritos) contó con la implicación de la monarquía, de la patronal CEOE y de todas las fuerzas políticas parlamentarias, incluido el PCE con Jordi Solé Tura como ministro de un hipotético gobierno del general Armada. Fue la puntilla a un movimiento obrero que ya venía malherido. Se acababa de aprobar el Estatuto de los Trabajadores (marzo de 1980) que consolidaba un modelo de participación que restringía notablemente el poder de las asambleas y se reduce a los trabajadores al papel de electores cada 4 años de un “parlamento”, del comité de empresa, integrado por sindicatos que compiten entre sí, pulverizando la unidad de clase, y que puede tomar decisiones al margen de las asambleas.

En 1984 se aprobó la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Con el movimiento obrero ya a los pies de los caballos se podía aprobar una Ley Orgánica que no sólo consolidaba el recorte de derechos del Real Decreto de 1977, sino que, con CC.OO y UGT aceptando el papel de “agentes sociales” de la patronal, se podía terminar lo poco que no había quedado “atado y bien atado”. Se restringe el derecho de negociación a la obtención de más del 10% de representación en las elecciones sindicales, que en la práctica sólo obtienen CC.OO y UGT, se reparte el patrimonio sindical histórico y se decide su financiación por diferentes mecanismos que confluyen en los Presupuestos Generales del Estado y de las CC.AA.

Se estaba preparando ya la brutal “reconversión industrial” que, con el señuelo de la entrada en el paraíso de la Comunidad Económica Europea, liquidó gran parte de la industria pesada, la agricultura y la ganadería, para convertirnos en compradores de productos de Francia y Alemania. Las importantes y numerosas luchas obreras permanecieron aisladas entre sí y sistemáticamente traicionadas²⁹.

Empezaron también entonces por parte del PSOE que gobernaba con mayoría absoluta, las privatizaciones a precio de saldo de empresas públicas estratégicas. Era la época del “pelotazo”, cuando el ministro de economía Solchaga decía sin sonrojo que “España es el país donde se puede hacer uno rico en menos tiempo”³⁰.

La ratificación del ingreso de España en la OTAN mediante un referéndum amañado y el incumplimiento inmediato de todas las condiciones para el “Si” cierra un capítulo siniestro de la lucha de clases³¹. En él, el capitalismo español y el imperialismo, chorreando sangre y lodo, cumple sus objetivos con la complicidad bien pagada de las cúpulas sindicales “mayoritarias”.

“ Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones”

Hoy, a tientas, se van dando pasos hacia la reconstrucción de la fuerza de la clase obrera. Hay sindicalismo de combate como la CTA, el FSOC, la CTM de Cádiz, el sindicato 25 de marzo de Extremadura, e intentos muy prometedores en torno a la Federación Sindical Canaria, que además recupera la memoria de lucha y de represión de la clase obrera canaria.

Todos ellos, además de fortalecer su implantación entre la clase obrera, intentan dar pasos para superar la dispersión, siendo conscientes de dos elementos claves:

1. Que CC.OO y UGT son instrumentos de la burguesía en el movimiento obrero y que, por lo tanto, se sitúan al otro lado de la barricada en la lucha de clases; es decir, que la reconstrucción del movimiento obrero requiere la negación de las estructuras que aseguran el dominio de la patronal.

2. Que si las luchas no se enmarcan en una estrategia de conquista del poder político por la clase obrera, desaparecen sin dejar rastro.

La reconstrucción del alma de la clase obrera, la reanudación del hilo rojo de su historia, exige hundir sus raíces en el combate general de quienes nos precedieron e inscribir las luchas cotidianas en el objetivo de cumplir su misión sagrada: destruir el capitalismo y construir el socialismo.

1 Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico

2 En la Sierra de Córdoba hubo algún grupo guerrillero hasta finales de los años 60

3 Francisco Moreno Gómez relata en este artículo hechos poco conocidos de la guerrilla antifranquista en Getafe, dirigida por trabajadores de Construcciones Aeronáuticas y dependiente del PCE, a través de Jesús Monzón, el entonces Jefe de la Delegación Española del Comité Central del PCE y posteriormente defenestrado por esta organización: https://www.franciscomorenogomez.net/2017/09/getafe-guerrilla-antifranquista.html

4 En 1943 se formó clandestinamente en el interior del país el “Consejo Delegado” compuesto por los partidos miembros del Gobierno Vasco en el exilio. En 1945 se integraron en él los sindicatos UGT, ELA-STV y CNT de Euskadi.

5 Un relato detallado de la huelga elaborado sobre la memoria de quienes la vivieron se puede consultar aquí. https://mareometro.blogspot.com/2013/10/la-huelga-del-47.html

6 Román Lago, Isidro (2015) Todos con Vigo!! Mobilización obreira e folga xeral (1962-1972)

7 Val del Olmo, A. (2026) Lecciones del 3 de marzo de 1976. Artículo publicado en el número 10, primavera 2026, de la revista Con-ciencia de Clase.

8 Lasheras, Amparo (2012. 3 de marzo de 1976)

9 A pesar de su insignificancia, o precisamente por ella, el PSOE, ya en 1958 estaba dispuesto a venderse, una vez más. Joan Garcés en su imprescindible libro Soberanos e intervenidos(1996), cita una nota de la Embajada de EE.UU en Madrid al Departamento de Estado en la que da cuenta de la visita de Carlos Zayas – Agrupación Socialista Universitaria – ofreciendo la colaboración de otros socialistas como Joan Raventós (futuro presidente del Parlament de Catalunya), José Federico de Carvajal (futuro presidente del Senado) y Mariano Rubio (futuro presidente del Banco de España), si recibieran los apoyos materiales que buscaban”.

10 Garcés, J. Op cit. Páginas XV a XXIX.

11 Un importante análisis acerca de la represión en la URSS en los años 1937 – 1938 que puede modificar la valoración de la misma y que documenta el hasta ahora desconocido papel destacado de Nikita Kruschef en la misma ha sido realizado en Ruiz Lobo, V. (2026). La luz en la larga sombra. La represión de 1937 – 1938 en la URSS. https://cncomunistas.org/?p=2519

12 Aunque la lista es larga destaco a Jose Luis Ábalos, ex ministro y procesado en el caso Koldo (mascarillas), Rosa Aguilar y a Diego López Garrido.

13 En Euskal Herría se convocaron huelgas generales con amplio seguimiento, tanto contra las condenas a muerte del Proceso de Burgos (que finalmente no se ejecutaron) como contra la ejecución de los 5 militantes antifascistas en septiembre de 1975.

14 Sacristán, Manuel (1978), “Respuesta a Daniel Lacalle”. Materiales, número 8.

15 Fundación Foessa: Informe sociológico sobre la situación social en España.1970. Madrid. Citado por Garcés, J.(1996). Op. Cit . Página 171.

16 https://memorialibertaria.org/alfredo-grimaldos-la-reivindicacion-de-la-decencia/6/

17 Sánchez Soler, Mariano (2001) Ricos por la Patria. Grandes magnates de la Dictadura. Altos financieros de la democracia. Historia de quienes alimentaron sus enormes fortunas con los ríos de sangre de la Dictadura y en la Transición se volvieron demócratas de toda la vida.

18 González, F (2025) Los barrancos del silencio. Ed. El Mono libre. Destaco esta obra reciente, basada en testimonios directos de familiares, en la que página a página se documenta el carácter de clase de la represión en un territorio del Estado español en el que no hubo guerra, las Islas Canarias. La patronal, la Iglesia y la Falange fueron, lista en mano, asesinando a los hombres y mujeres, militantes de la Federación Sindical.

19 Mészáros, István (2007) “La unificación de la esfera reproductiva material y la esfera política: Alternativa al Parlamentarismo”.

20 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-8373. “Ley derogada”, dice.

21 https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana?anio=1977

22 https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana?sc=UEPAR-&anio=1980

23 https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana?anio=1985

24 Grimaldos y García Ribera, Andreu (1978). El Pacto de la Moncloa, algunas respuestas de la clase obrera. Ediciones de la Torre. Los datos referidos están tomados del prólogo escrito por Andreu García Ribera con motivo de la redición realizada por El Puerto Boletín en 2022.

25 Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores y Sindicato Unitario

26 Sola, Ramón (2025) “Así eran los 318 muertos a manos policiales o ultras en la alabada transición española”. Reseña del libro de Luis Puicercús, (2024)Imborrables. Las víctimas ignoradas de la Transición (1976-1983). Ed. Txalaparta.

27 Ganser, Daniele (2005) “Los ejércitos secretos de la OTAN”. Pág 158

28 El libro de Alfredo Grimaldos “La sombra de Franco en la Transición”, especialmente su última y reciente edición ampliada con textos de Andreu García Ribera, es un libro de obligada lectura para comprender la Transición y las claves de la situación actual.

29 ^{Cónsola, J (2025)”Lucha de clases en Sagunto”. Josep Cónsola fue secretario general del metal de CC.OO de Cataluña . Relata aquí los 430 días de huelga de los siderúrgicos contra el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo, empresa moderna y competitiva pero que por los acuerdos de entrada de España en la CEE debía ser cerrada}

30 ^{Maestro, A (2019) El Régimen de la Transición y el capital español en el saqueo de América Latina. Narcotráfico, paramilitarismo e imperialismo..}

31 Cónsola, J (2026). Publicado en el número 10, primavera, de Con-ciencia de Clase

Versión en Francés

L’assassinat de l’âme du mouvement ouvrier, objectif principal de la Transition en Espagne

Ángeles Maestro

14.08.20261 https://cncomunistas.org/?p=2961

Au cours de la guerre contre le fascisme et de la dictature qui a suivi, des millions de travailleurs ont été massacrés. La répression brutale et systématique qui s’en est suivie a anéanti, partout dans les villes et villages, les meilleurs fils et filles de la classe ouvrière. La terreur, instillée par le sang et le feu chez ceux qui restaient, devait achever d’enterrer définitivement toute forme de résistance.

Ils n’y sont pas parvenus. Ce crime de masse n’a pas réussi, tant il s’en faut, à anéantir la résistance ouvrière. Dans des conditions de répression extrêmement dures, la classe ouvrière des peuples de l’État espagnol – nourrie par la mémoire de ceux qui sont tombés – a très vite réussi à reconstruire ses organisations et à ériger un puissant mouvement ouvrier. Le fil rouge a été repris et de nouvelles générations qui n’avaient pas connu la guerre civile se sont placées à la tête des luttes ouvrières.

L’opération politique menée par les classes dominantes sous le nom de « Transition », couronnée par le coup d’État du 23 février 1981, comportait de nombreuses dimensions ; entre autres, celle d’enterrer le droit à l’autodétermination, avec la LOAPA¹, ou d’imposer le joug de l’impérialisme par l’adhésion à l’OTAN. Sans en ignorer l’importance, la clé de voûte permettant d’imposer la stratégie de l’oligarchie nationale et de l’impérialisme – maquiller la dictature sans en changer les fondements du pouvoir – était d’affaiblir, jusqu’à l’épuisement, la conscience de classe.

1. Quelques notes sur le mouvement ouvrier sous la dictature.

La reconstruction des organisations communistes et anarcho-syndicalistes commence dans les zones industrielles peu après la fin de la guerre et alors que l’on entendait encore les coups de feu tirés par les groupes de guérilleros qui opéraient dans les montagnes² et également dans des villes comme Madrid³. Bien que la Guerre froide ait favorisé la reconnaissance du régime franquiste par les États-Unis (1953) – en échange de l’installation de bases militaires –, suivie par celle des gouvernements d’Europe occidentale, la réorganisation du mouvement ouvrier s’est poursuivie. Peu à peu, une nouvelle génération de travailleurs et de travailleuses, au milieu de la terreur, cherchait à tâtons à renouer le fil rouge coupé par l’assassinat massif de leurs prédécesseurs. La première grande grève eut lieu en 1947 en Biscaye, aux alentours du 1er mai. Elle fut organisée par le Conseil délégué – Comité de résistance, une plateforme clandestine regroupant des partis politiques et les syndicats UGT, ELA-STV et CNT⁴. Elle débuta dans les chantiers navals d’Euskalduna et fut annoncée par des tracts rudimentaires ; d’autres entreprises métallurgiques situées de part et d’autre de la ria ne tardèrent pas à s’y joindre. Dans un contexte de profond mécontentement face aux bas salaires, aux longues journées de travail et au coût élevé de la vie, les grévistes revendiquaient le droit de célébrer le 1er mai, interdit par la dictature. Près de 40 000 métallurgistes5 se mirent en grève⁵. La grève s’est prolongée jusqu’au 10 mai, dans un contexte de forte répression patronale (des centaines de licenciements) et policière. Un travailleur est mort des suites de tortures subies au commissariat. Le Conseil délégué – Comité de résistance, à l’origine de la grève, a décidé la reprise du travail le 11. Il s’agissait probablement de la première ‘commission ouvrière¡. Il avait été démontré que, même dans des conditions de répression sévère et de clandestinité relative qui en découlait, il était possible d’organiser des grèves et de faire progresser l’organisation de la classe ouvrière.

Les commissions ouvrières fonctionnaient de manière décentralisée et à partir de la base ; elles étaient donc plus résistantes à la répression et aussi à leur contrôle par des structures avec des intérêts opossés à la classe ouvrière. La commission était composée de ces travailleurs qui jouissaient de la confiance de l’assemblée, indépendamment de leur affiliation politique ou idéologique et en marge de toute convocation institutionnelle. Le pouvoir ouvrier, l’assemblée et l’unité de classe sont les faces d’une même pièce.

La lutte ouvrière n’a cessé de prendre de l’ampleur, en particulier entre les années 60 et 1978. Bien que la grève fût considérée comme un délit, le nombre annuel d’heures de grève est passé de 850 000 en 1970 à 13 200 000 entre 1976 et 1978. Parmi les milliers d’exemples qui ont marqué l’histoire du mouvement ouvrier pendant la dictature, j’en retiens deux, aux caractéristiques et aux résultats très différents :

• La grève générale de 1972 a commencé à Ferrol en mars avec deux ouvriers tués et beaucoup blessés par la police, et s’est étendue peu après à Vigo. La répression policière et les licenciements ont été révisés par l’extension de la grève et la paralysie de la ville. Lorsque le patronat a voulu licencier toute la commission ouvrière, le cri « OU tous ou aucun » s’est fait entendre. Personne n’est entré au travail jusqu’à la réadmission. Toutes les revendications ont été obtenues. On disait que « à Ferrol et à Vigo on pouvait créer un pouvoir dans la rue et dans les usines, supérieur à celui du Régime» ⁶.
• Le 3 mars 1976, à Gasteiz (Vitoria), en sortant d’une assemblée dans une église, cinq ouvriers ont été tués, plus d’une centaine de personnes blessées par balle, des centaines de détenus, contusionnés, sous les ordres directs de Manuel Fraga et Martín Villa7. Cela s’est produit dans le cadre d’une grève générale convoquée par la commission ouvrière élue par les travailleurs. On les appelait des commissions représentatives et elles étaient le symbole le plus authentique du pouvoir de l’assemblée ouvrière qui non seulement était le seul organe à pouvoir prendre des décisions, mais pouvait aussi révoquer les membres de la commission quand il le jugeait opportun. Ces commissions constituées totalement en marge de la légalité franquiste représentaient la démocratie ouvrière et l’unité de classe. Le massacre, survenu alors que la gestation de la Transition était déjà avancée, fut un crime d’État exemplaire, d’authentique terrorisme d’État, plusieurs centaines de fois réédité dans la sanglante Transition. Les assassins et ceux qui ont donné l’ordre de tuer (Manuel Fraga et Rodolfo Martín Villa), comme tant d’autres criminels de guerre, ont été soumis à la loi d’amnistie de 1977⁸.

2. La mutation du PCE

L’hégémonie du PCE [Parti Communiste Espagnol] dans la reconstruction du mouvement ouvrier dans les premières décennies de la dictature est indiscutable. À cette époque, le PSOE⁹ et l’UGT (sauf dans certains endroits comme les Asturies) sont pratiquement inexistants. Ils commencent à apparaître à partir de 1974, quand après le Congrès de Suresnes ils se configurent comme instruments privilégiés des appareils de pouvoir de la bourgeoisie espagnole et de l’impérialisme euro-américain¹⁰. Le rôle décisif pour mener à bien l’opération d’assurer la continuité au pouvoir des classes victorieuses de la guerre civile et de leurs appareils d’État avec le nécessaire « consensus » a été joué par la direction du PCE, l’organisation qui avait une influence décisive sur la classe ouvrière.

Une grande partie de ses militants les plus combatifs et les plus héroïques, qui ont joué un rôle décisif dans la mise en place de la résistance ouvrière face à la dictature, a été victime de la répression interne : ses structures organisationnelles, notamment les cellules et les comités d’usine, ont été dissoutes et ses principaux dirigeants ont été expulsés.

Au début, les premiers pas de la mutation du PCE ont été franchis au sein de sa direction, qui résidait majoritairement à l’étranger. Son évolution a été fortement influencée par le triomphe, lors du XXe Congrès du PCUS (1956), de la critique dévastatrice de toute la période stalinienne, menée par N. Khrouchtchev dans son « rapport secret » ¹¹. Les positions révisionnistes menées par Santiago Carrillo se sont renforcées et, lors de son VIe Congrès (1959), celui-ci a remplacé Dolores Ibárruri au poste de secrétaire général. Le processus politique qui culmina avec la mort de Staline et la victoire de ses adversaires politiques donna lieu à des changements décisifs à la tête du PCUS et au sein des appareils de l’État soviétique, qui déterminèrent à leur tour des transformations définitives au sein des partis communistes de la sphère d’influence soviétique. C’est la ligne de coexistence pacifique avec l’impérialisme et la pénétration d’idéologies « réformistes » qui s’imposèrent ; celles-ci allaient mettre fin à l’URSS elle-même et, en quelques années, réduire à l’insignifiance les plus grands partis communistes d’Europe.

Les changements qualitatifs survenus au PCE, bien qu’ils s’inscrivent dans le processus général de chute idéologique et politique des partis communistes européens, ont eu des caractéristiques propres dérivées de l’histoire même de l’Espagne. Les deux processus, le général et le spécifique, intimement liés, ont conduit à l’effondrement d’une organisation avec une histoire héroïque pendant la guerre civile et une bonne partie de la lutte contre la dictature, et qui finit par être le complice décisif d’une opération politique au service des classes dominantes et contre la classe ouvrière.

Le VIIIe Congrès (1972) confirma la liquidation de ses traits révolutionnaires et posa les bases de l’eurocommunisme : acceptation du Marché commun européen et du soi-disant Pacte pour la liberté. Tout ce processus a été marqué par des expulsions de membres éminents de la direction ou par des abandons silencieux, comme celui de Manuel Sacristán. C’est à cette époque que se produit également l’entrée dans le PCE de l’organisation Bandera Roja, composée d’intellectuels de la petite bourgeoisie.

L’eurocommunisme, les pactes et la promesse de hautes fonctions institutionnelles leur allaient comme un gant. Ils se sont rapidement hissés à la direction et ont consolidé les profonds changements déjà amorcés. Quelques années plus tard, leurs membres occuperaient des postes ministériels au sein des gouvernements du PSOE¹². Pour évaluer cette mutation et ses répercussions sur le mouvement ouvrier et populaire, est utile cette comparaison: En 1970, lors du « procès de Burgos », six membres de l’ETA furent condamnés à mort. Les mobilisations populaires massives et la pression internationale empêchèrent l’exécution de ces condamnations. Les militants du PCE, aux côtés d’autres organisations, ont participé à ces luttes massives, considérant les militants de l’ETA comme des « camarades, avec une ligne politique différente ». En 1975, alors que le régime était affaibli et fracturé, quatre conseils de guerre – clairement dépourvus des garanties procédurales minimales – ont condamné à mort onze personnes. L’exécution de cinq d’entre eux a eu lieu : trois membres de l’ETA et deux du FRAP, malgré les grandes mobilisations tant en Espagne qu’à l’étranger. À cette époque, la direction du PCE a commis l’une de ses plus grandes infamies : elle a donné l’ordre au groupe d’avocats de ne fournir aucune assistance juridique aux accusés. Le PCE, par sa passivité face à un crime d’État abominable qui a coûté la vie à cinq jeunes antifascistes condamnés sans la moindre garantie procédurale, a montré sa loyauté envers les structures du pouvoir qui étaient déjà en train de se mettre en place. Le 27 septembre de 1975, Franco agonisant et Juan Carlos I chef de l’État, les condamnations ont été exécutées¹³.

En 1975 est publié le Manifeste Programme qui trace un chemin de changements graduels obtenus par la voie électorale qui ouvriraient la voie au socialisme. En 1977 paraît le livre de Santiago Carrillo « Eurocommunisme et État ». La critique la plus lucide des positions communistes au virage stratégique du PCE, commencé bien avant mais qui se consumait alors, fut celle de Manuel Sacristán. Rejetant toute vision idéaliste de la corrélation des forces, qui se mesure finalement en « chars de combat» (sic), il affirme qu’effectivement il y a des moments historiques où une force révolutionnaire doit faire un pas en arrière, mais ce qui est inadmissible, c’est que ce retrait tactique se transforme en une intégration accommodante et se présente comme une voie victorieuse vers le socialisme.

Lorsque les spéculations théoriques se concrétisent et que l’on en arrive à la signature du Pacte de la Moncloa, les paroles de Manuel Sacristán constituent une prémonition de l’insignifiance dans laquelle « le Parti » est aujourd’hui tombé depuis les années de lutte contre la dictature:

À mon sens, signer le Pacte de la Moncloa, ou plus généralement imaginer des voies vers le socialisme, c’est se fourvoyer dans l’histoire, tenter d’être universel et perdre ainsi jusqu’à sa propre identité ; c’est, en somme, vouloir être démiurge et n’être qu’un petit bonhomme. Et c’est exactement ainsi que je vois, d’une manière générale, l’obstination de l’homme à établir des « liens » entre le jour et le siècle¹⁴.

3. Une rouée de coups pour rien

Il est bien connu que la légalisation du PCE en avril 1977 a eu lieu après l’acceptation par sa direction de la monarchie héritière directe du franquisme, de l’hymne et du drapeau des fascistes vainqueurs de la guerre civile, ainsi comme la renonce à l’organisation d’un référendum sur la forme de l’État.

Le contrôle du mouvement ouvrier en Espagne par l’oligarchie impérialiste était la clé dans les moments de montée de la lutte populaire et de grande instabilité politique, surtout en Europe.

Pour apprécier l’importance de ce dernier, rappelons-nous que le 25 avril 1974 eut lieu la « La Révolution des Œillets» au Portugal et qu’en décembre de cette même année, le peuple grec avait voté massivement contre la monarchie alliée du fascisme et expulsé du pays la famille royale, parents directs de la reine Sophie. D’autre part, le mouvement ouvrier et populaire vivait une grande effervescence à la chaleur de la défaite de l’impérialisme au Vietnam, de l’essor des mouvements de libération nationale et des luttes ouvrières en Europe qui faisaient face aux premiers éclats de la version néolibérale du capitalisme en crise.

L’acceptation de la monarchie, en plus d’accorder une légitimité à l’héritage de la dictature, a représenté la trahison d’un sentiment populaire très enraciné opposé à la monarchie et dans une corrélation des forces majoritairement favorable à la république. Un rapport de la Fondation Foessa de 1970¹⁵, basé sur une enquête sur la forme d’État préférée après Franco, a révélé les éléments suivants :

• République……. 49,4%
• Actuel………… 29,8%
• Monarchie…….20,8%

Il ne s’agissait pas seulement d’une acceptation formelle par laquelle le PCE supprimait le drapeau sous lequel des dizaines de milliers de militants avaient combattu et été tués. Les gardes du corps de Carrillo, comme le relate Alfredo Grimaldos, se consacraient à arracher et déchirer les drapeaux républicains de ceux qui osaient les déployer¹⁶. Ce n’était pas seulement le drapeau, c’était toute une histoire héroïque de lutte et de résistance – à commencer par celle de ses propres militants – que la direction du PCE entendait enterrer.

Rodolfo Wals dit : Nos classes dominantes ont toujours veillé à ce que les travailleurs n’aient pas d’histoire, pas de doctrine, pas de héros ni de martyrs. Chaque lutte doit recommencer, séparée des luttes précédentes, l’expérience collective est perdue, les leçons sont oubliées. L’histoire ressemble ainsi à une propriété privée dont les propriétaires sont les propriétaires de toutes choses.

Lorsque les principales organisations des classes opprimées se rendent complices, voire exécutantes, de l’amputation de la mémoire, le désastre est bien plus grave.

C’était le premier grand coup contre la classe ouvrière et les peuples de l’État espagnol. Le second viendra quelques mois plus tard. La loi d’amnistie d’octobre 1977 annulait toute responsabilité pour les crimes : meurtres, tortures, vols, viols, licenciements et persécutions de toutes sortes des autorités, perpétrés depuis le coup d’État de 1936. Cette loi, incompatible avec le droit international qui considère comme imprescriptibles les crimes contre l’humanité, le génocide et la disparition forcée, ne diffère de celles que toutes les dictatures ont l’habitude d’appliquer elles-mêmes, seulement qu’ici elle fut acceptée et applaudie par les soi-disant représentants des victimes.

C’est l’une des plus gigantesques « lois du point final » de la longue histoire du terrorisme d’État. Sous ce manteau d’impunité sont tombés des faits très récents alors et de l’ampleur de l’exécution de cinq jeunes antifascistes le 27 septembre 1975, ou la fusillade par la police de cinq ouvriers à Vitoria le 3 mars 1976, Fraga Iribarne étant alors ministre de l’Intérieur.

La loi d’amnistie n’annulait pas seulement et laissait impunis tous les crimes perpétrés par les appareils de l’État. Elle a également tenu à maintenir dans leurs hautes fonctions tous les fascistes assassins, tortionnaires et voleurs, de l’armée, la police, la garde civile, la magistrature, les administrations publiques, les universités, les écoles, les hôpitaux, ainsi que le patronat et l’église catholique. En d’autres termes, tout l’engrenage du pouvoir restait intact, ainsi que toutes les structures sociales qui avaient soutenu et reproduit un régime fondé sur le meurtre systématique et la terreur.

On vendait ainsi, en échange de la légalisation d’un PCE déjà dénaturé, le trésor d’héroïsme et de lutte ouvrière et populaire de ceux qui sont tombés en défendant la république et la révolution et de ceux qui ont payé de leur vie, l’exil ou la prison la reconstruction de leurs organisations. Le paiement des traîtres était aussi honorifique ; dans les salons de la bourgeoisie et dans la presse, on reconnaissait les services rendus par Santiago Carrillo – l’apprenti du démiurgo devenu métamorphosé, comme le définissait Manuel Sacristán – en le considérant « homme d’État ». À son tour, Jordi Solé Tura, dirigeant de Bandera Roja, deviendrait l’un des « pères » de la Constitution.

4. Lutte de clases avec les mains liées

La seule manière d’analyser pleinement la Transition est du point de vue de la lutte des classes

La grande bourgeoisie et l’aristocratie qui, « versant sang et boue » avaient développé leur pouvoir sous le couvert de la Dictature17, ont vu leur impunité consacrée par la loi d’amnistie. Le vol à main armée – jamais mieux dit – avait été perpétré par la lutte des classes la plus féroce : la patronale, l’Église et la Phalange tuaient sauvagement, dans les villes et villages, dans chaque quartier ouvrier, des militants de partis et de syndicats, et souvent aussi leurs familles et tous ceux qui osaient résister¹⁸.

Pour paraphraser István Mészáros¹⁹, la Transition a laissé la classe ouvrière les deux mains liées dans le dos face à la lutte des classes : l’une par la bourgeoisie et l’autre par ses propres partis réformistes et par les dirigeants du CC.OO et de l’UGT.

La grande offensive contre la classe ouvrière et les peuples de l’État espagnol qu’a été la Transition a nécessité des assauts idéologiques puissants mêlés à de fortes doses de répression et quelques miettes pour la corruption des dirigents, soit en pots-de-vin , soit en nature avec des postes publics.

Douze jours après le vote par les Cortes de la Loi d’amnistie, les pactes de la Moncloa ont été signés.

Sous de nombreux vêtements littéraires et déclarations d’intention, les Pactes exprimaient la volonté de laisser sans effet la loi la plus favorable aux intérêts de la classe ouvrière de l’histoire, la loi sur les relations du travail de 1976²⁰. Cette loi, qui a été promulguée par les Cortes franquistes et avec les dirigeants syndicaux en prison, montre clairement que le facteur déterminant est la corrélation des forces et qu’à l’époque la classe ouvrière était forte et le régime très affaibli. La loi, en plus de garantir la stabilité dans l’emploi, établissait dans son article 35 quelque chose de fondamental pour la lutte des classes : l’obligation de réintégrer le travailleur dans un licenciement abusif, interdisant expressément de le remplacer par une indemnité, sauf si le travailleur le demandait. C’était un instrument clé contre les licenciements de dirigeants et les « listes noires ». Elle a duré un peu plus d’un an.

Dans les Pactes de la Moncloa, qui cherchent à se justifier dans le cadre de la « grande crise économique » – la même crise avec laquelle la loi progressiste précédente avait été promulguée un an auparavant – et au nom de la « création d’emplois » et de la « compétitivité », les salaires restaient gelés et disparaissait la causalité dans le type de contrat. (devait être indéfini si la production l’était aussi), ouvrant la voie à des contrats à durée déterminée. De ce piège mortel dans lequel les nouveaux pères de la patrie ont conduit la classe ouvrière, on trouve les chiffres suivants :

Taux de chômage. 1977: 5,7%²¹; 1980: 12%²²; 1985: 21,5%²³

Le pouvoir d’achat des salaires a chuté de 8,2 points entre 1977 et 1981, tandis que les bénéfices des entreprises ont augmenté de 83,7%. Andreu García Ribera²⁴ relie ces faits aux plafonds de salaires liés à l’inflation prévue par le gouvernement et non à la réelle qui était toujours beaucoup plus élevée, en plus de la défaite générale de la classe ouvrière qui a commencé avec ces pactes.

Ce qui a été présenté comme une urgence face à la crise, a été le début d’un recul continu des droits du travail et des droits sociaux. Le patronat, qui avait et a très clairement la lutte des classes, savait que l’important était d’affaiblir l’ennemi.

Le premier coup dur est survenu avec le décret royal n° 17/1977 sur les relations de travail. Je tiens à souligner le fait que la loi de 1976 sur les relations de travail ait été modifiée par un décret royal émis par le gouvernement, dont le rang est manifestement inférieur à celui d’une loi. Cette procédure, clairement contraire au droit, n’a été dénoncée ni par le nouveau parlement ni par les syndicats. De toute évidence, on avait accepté de « avaler la pilule ».

Le décret royal n° 17/1977 abroge expressément l’article 35 de la loi de 1976 et rétablit le licenciement abusif comme option pour l’employeur, ce que les organisations patronales réclamaient avec insistance. L’article 35 précité était libellé comme suit :

Art.35.1. Lorsque, dans une procédure de licenciement, le magistrat du travail estime qu’il n’y a pas de juste cause, il condamne l’entreprise à la réembauche du travailleur dans les mêmes conditions que celles qui régissaient avant cette procédure. ainsi que le paiement du montant du salaire non perçu depuis le licenciement jusqu’à ce que la réadmission ait lieu.

Article 35.4. Quatre. Le jugement ordonnant la réadmission doit être exécuté par l’employeur dans ses propres termes, sans qu’il puisse être remplacé par une indemnité en espèces, sauf accord volontaire des parties ou lorsque le magistrat, en raison de circonstances exceptionnelles, constatées lors du procès, qui empêchent la coexistence professionnelle normale, décide d’annuler la réadmission en versant une compensation financière.

Cette compensation ne peut en aucun cas être inférieure à six mois de salaire ni à deux mensualités par année de service, sans que le montant résultant puisse dépasser douze annuités. Lorsqu’il s’agit de travailleurs ayant une famille nombreuse, ces minima sont multipliés par un virgule cinq s’il s’agit d’une catégorie supérieure et par deux dans les autres cas. Les travailleurs de plus de quarante ans et de cinquante-cinq ans sont assimilés, à cet effet, respectivement aux catégories indiquées, ainsi que les handicapés selon des coefficients qui seront fixés par règlement.

En outre, le décret royal 17/1977 introduit des restrictions très importantes au droit de grève qui restent en vigueur, telles que la notification préalable, l’interdiction d’occuper les locaux pendant la grève et surtout l’article 11 qui déclare expressément illégale la grève :

a) Lorsqu’elle est engagée ou maintenue pour des motifs politiques ou à toute autre fin étrangère à l’intérêt professionnel des travailleurs concernés.

b) Lorsqu’il s’agit de solidarité ou de soutien, sauf si cela affecte directement (sic) l’intérêt professionnel de ceux qui la promeuvent ou la soutiennent

c) Lorsqu’il a pour objet de modifier, pendant sa durée de validité, ce qui a été convenu dans une convention collective ou ce qui a été établi par une sentence.

L’abrogation de cette norme, qui est la plus restrictive des droits du travail et qui porte directement atteinte aux droits fondamentaux et à la solidarité de classe, devrait être un des piliers des revendications communes de la classe ouvrière, d’autant plus que le R.D. est préconstitutionnel et viole de manière flagrante la hiérarchie normative, puisqu’un Décret royal ne peut abroger une loi.

5. La fin des commissions ouvrières et l’éclatement de l’unité de classe.

Les commissions ouvrières, comme les soviets, ne sont pas le résultat d’une décision du comité central. Ils étaient une brillante création de la classe ouvrière qui répondait à ses besoins les plus importants. La commission ouvrière était constituée par un groupe de travailleurs et travailleuses, élus par l’assemblée de tout le personnel, pour être leurs porte-parole dans les revendications, les grèves, etc. C’était l’assemblée qui détenait le pouvoir absolu de la prise de décision. Les commissions étaient choisies en marge de toute réglementation institutionnelle, non pas pour des quotas idéologiques, politiques ou autres, mais parce qu’elles étaient dépositaires de la confiance de leurs collègues ; elles répondaient devant l’assemblée et étaient révoquées lorsque, pour une raison quelconque, elles ne remplissaient pas correctement leurs obligations. Le pouvoir ouvrier et l’unité de classe ne faisaient qu’un et naissaient à partir de la base, qui était le fondement d’une coordination sectorielle et territoriale ultérieure.

En finir avec cela était l’un des objectifs de la bourgeoisie pendant la Transition. Les licenciements et les sanctions, autorisés par la nouvelle législation, ont été un instrument clé pour décapiter le mouvement ouvrier, couplé aux changements organisationnels internes qui allaient dans la même direction.

Ici un exemple éloquent de la transformation du « consensus » et du « pacte social » en collaboration de classe : la Loi d’amnistie libéra des centaines de dirigeants syndicaux des prisons, qui étaient aussi devenues des universités de conscience de classe. Le patronat a dépensé des sommes énormes pour que ces cadres syndicaux ne soient pas réintégrés et il n’y a eu aucune orientation générale, ni politique, ni syndicale de la part du PCE ou de CC.OO dans le sens contraire. La classe ouvrière, d’usine en usine, voyait ainsi disparaître ses meilleurs dirigeants.

La fin définitive des commissions ouvrières originelles s’accomplit par la constitution du syndicat de CC.OO, décision prise lors du Congrès tenu en 1978, qui a également entraîné sa rupture. Il y a eu plusieurs scissions, dont celles de la CSUT et du SU ²⁵. Au même temps que la solidarité entre les travailleurs – élément clé de l’unité et de la conscience de classe – était déclarée illégale, le patronat a fait un pas décisif pour se renforcer encore davantage en tant que groupe de pression, avec la création en juin 1977 de la CEOE [Confederación Española de Organizaciones Empresariales].

Ce qu’on appelle la « territorialisation » a marqué la rupture des liens politiques du PCE avec la classe ouvrière, dans le cadre d’une véritable manœuvre de collaboration de classe avec la bourgeoisie. La direction du parti dissolut les cellules et les comités d’usine en orientant ses militants vers des organisations de quartier. C’était l’aboutissement de l’eurocommunisme, le renoncement à tout projet révolutionnaire fondé sur le pouvoir ouvrier afin, disait-on, de se préparer à devenir un « parti de gouvernement ».

6. La Transition « pacifique » baignée de sang

318 morts, assassinés de sang-froid par la police, la Garde civile ou des organisations fascistes entre 1976 et 1983²⁶. Certains, comme les responsables des assassinats du 3 mars 1976 à Vitoria, ont bénéficié de l’impunité grâce à la loi d’amnistie. Pour les autres, c’est l’État lui-même qui a assuré leur impunité par des procès truqués, en dissimulant des preuves, en facilitant la fuite des assassins ou en les graciant. Ce fait suffirait à lui seul à démontrer la persistance du fascisme au sein des appareils de l’État et à prouver que, quelle que soit la main qui les a commis, ces crimes ont été perpétrés en son nom. Il s’agissait bel et bien de terrorisme d’État.

On connaît moins le lien du terrorisme d’État depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Espagne et en Europe, avec l’OTAN. « Ce n’est qu’après le scandale de Gladio en 1990 que l’on a pu découvrir que peut-être le plus grand réseau des Quintas Columnas secretas [agents infiltrés] a été jusqu’à aujourd’hui le réseau stay behind de l’OTAN »²⁷ La relation intime entre les appareils d’État de la dictature qui sont passés à la « démocratie » sans aucune épuration, les groupes fascistes et les organisations terroristes telles que les GAL (dans leurs différentes versions, y compris la version judiciaire), ont permis des centaines d’assassinats qui restent impunis de jeunes militants ²⁸.

Le coup d’État du 23 février 1981 (et les autres coups qui y figurent) a impliqué la monarchie, le patronat CEOE et toutes les forces politiques parlementaires, y compris le PCE avec Jordi Solé Tura comme ministre d’un hypothétique gouvernement du général Armada. C’était le coup de grâce au mouvement ouvrier qui venait déjà gravement blessé. Venait d’être adopté le Statut des travailleurs (mars 1980) qui consolidait un modèle de participation restreignant notablement le pouvoir des assemblées et réduisant les travailleurs au rôle d’électeurs tous les 4 ans d’un « parlement », du comité d’entreprise, composé de syndicats en concurrence les uns avec les autres, pulvérisant l’unité de classe et pouvant prendre des décisions en marge des assemblées.

En 1984, la loi organique sur la liberté syndicale a été adoptée. Avec le mouvement ouvrier déjà aux pieds des chevaux, on pouvait dèjà approuver une loi organique qui non seulement consolidasse la réduction de droits du décret royal de 1977, mais aussi, avec CC.OO et UGT acceptant le rôle d’« agents sociaux » de l’employeur, on pouvait mettre fin au ce peu qui ne restait pas encore « attaché et bien attaché ». Le droit de négociation est limité à l’obtention de plus de 10 % de représentation aux élections syndicales, qui n’obtiennent en pratique que CC.OO et UGT, Le patrimoine syndical historique est réparti et son financement est décidé par différents mécanismes qui confluent dans les budgets généraux de l’État et des Communautés Autonomiques.

On préparait déjà la brutale « reconversion industrielle » qui, avec le leurre de l’entrée dans le paradis de la Communauté économique européenne, liquidait une grande partie de l’industrie lourde, l’agriculture et l’élevage, pour nous transformer en acheteurs de produits français et allemands. Les importantes et nombreuses luttes ouvrières sont restées isolées entre elles et systématiquement trahies²⁹.

Les privatisations à bas prix des entreprises publiques stratégiques ont commencé aussi gouvernant le PSOE avec une majorité absolue. C’était l’époque du « gros lot», quand le ministre de l’économie Solchaga disait sans en rougir que « l’Espagne est le pays où on peut se faire riche en moins de temps³⁰ ».

La ratification de l’adhésion de l’Espagne à l’OTAN par un référendum truqué et le non-respect immédiat de toutes les conditions du « oui » clôt un chapitre sinistre de la lutte des classes³¹. Dans ce pays, le capitalisme espagnol et l’impérialisme, en répandant du sang et de la boue, atteignent leurs objectifs avec la complicité bien payée des dirigeants syndicaux « majoritaires ».

« Nous portons un monde nouveau dans nos cœurs »

Aujourd’hui, à tâtons, on avance vers la reconstruction de la force de la classe ouvrière. Il y a le syndicalisme de combat comme la CTA, le FSOC, la CTM de Cadix, le syndicat du 25 mars d’Estrémadure, et des tentatives très prometteuses autour de la Fédération Syndicale Canarienne, qui récupère également la mémoire de lutte et de répression de la classe ouvrière en Canaries.

Tous, en plus de renforcer leur implantation au sein de la classe ouvrière, tentent de prendre des mesures pour surmonter la dispersion, conscients de deux éléments clés :

1. Que les CC.OO et l’UGT sont des instruments de la bourgeoisie dans le mouvement ouvrier et qu’ils se situent donc de l’autre côté de la barricade dans la lutte des classes ; c’est-à-dire que la reconstruction du mouvement ouvrier exige la négation des structures qui assurent la domination de la patronale.

2. Que si les luttes ne s’inscrivent pas dans une stratégie de conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière, elles disparaissent sans laisser de trace.

La reconstruction de l’âme de la classe ouvrière, la reprise du fil rouge de son histoire, exige d’enfoncer ses racines dans le combat général de ceux qui nous ont précédés et d’inscrire les luttes quotidiennes dans le but d’accomplir sa mission sacrée : détruire le capitalisme et construire le socialisme.

————————————————

1 Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico

2 Dans la montagne de Córdoba, il y avait un groupe de guérilleros jusqu’à la fin des années 60

3 Francisco Moreno Gómez relate dans cet article des faits peu connus de la guérilla anti-franquiste à Getafe, dirigée par des travailleurs de Construcciones Aeronáuticas et dépendant du PCE, à travers Jesús Monzón, l’ancien chef de la délégation espagnole du Comité central du PCE et ensuite défendu par cette organisation: https://www.franciscomorenogomez.net/2017/09/getafe-guerrilla-antifranquista.html

4 En 1943 s’est formé clandestinement à l’intérieur du pays le « Conseil délégué » composé des partis membres du gouvernement basque en exil. En 1945, les syndicats UGT, ELA-STV et CNT du Pays basque y ont été intégrés.

5 Un récit détaillé de la grève, élaboré sur la mémoire de ceux qui l’ont vécue, peut être consulté ici : https://mareometro.blogspot.com/2013/10/la-huelga-del-47.html

6 Román Lago, Isidro (2015) Todos con Vigo!! Mobilización obreira e folga xeral (1962-1972)

7 Val del Olmo, A. (2026) Lecciones del 3 de marzo de 1976. Article publié dans le numéro 10, printemps 2026, de la revue Con-ciencia de Clase.

8 Lasheras, Amparo (2012. 3 de marzo de 1976)

9 Malgré son insignifiance, ou précisément à cause d’elle, le PSOE était déjà en 1958 prêt à se vendre une fois de plus. Joan Garcés dans son livre incontournable Soberanos e intervenidos (1996), cite une note de l’ambassade des États-Unis à Madrid au Département d’État dans laquelle il rend compte de la visite de Carlos Zayas – Agrupación Socialista Universitaria – offrant la collaboration d’autres socialistes comme Joan Raventós (futur président du Parlement de Catalogne), José Federico de Carvajal (futur président du Sénat) et Mariano Rubio (futur président de la Banque d’Espagne), s’ils recevaient les soutiens matériels qu’ils cherchaient.»

10 Garcés, J. Op cit. Pages, XV à XXIX.

11 Une importante analyse sur la répression en URSS dans les années 1937 – 1938 qui peut modifier l’évaluation de celle-ci et qui documente le rôle jusqu’alors inconnu de Nikita Kruschef dans celle-ci, a été réalisée dans Ruiz Lobo, V. (2026). La luz en la larga sombra. La represión de 1937-1938 en URSS. https://cncomunistas.org/?p=2519

12 Bien que la liste soit longue, je citerai José Luis Ábalos, ancien ministre et inculpé dans l’affaire Koldo (masques), Rosa Aguilar et Diego López Garrido.

13 En Euskal Herría, des grèves générales ont été convoquées avec un large suivi, aussi bien contre les condamnations à mort du procès de Burgos (qui finalement n’ont pas été exécutées) que contre l’exécution des 5 militants antifascistes en septembre 1975.

14 Sacristán, Manuel (1978), “Respuesta a Daniel Lacalle”. Materiales, n.8.

15 Fundación Foessa: Informe sociológico sobre la situación social en España.1970. Madrid. Cité par Garcés, J.(1996), op. cit . Page 171.

16 https://memorialibertaria.org/alfredo-grimaldos-la-reivindicacion-de-la-decencia/6/

17 Sánchez Soler, Mariano (2001) Ricos por la Patria. Grandes magnates de la Dictadura. Altos financieros de la democracia. L’histoire de ceux qui ont bâti leurs immenses fortunes sur les rivières de sang de la dictature et qui, lors de la Transition, se sont transformés en démocrates de longue date.

18 González, F (2025) Los barrancos del silencio. Ed. El Mono libre. Je tiens à mettre en avant cet ouvrage récent, fondé sur des témoignages directs de proches, qui documente, page après page, le caractère de classe de la répression menée sur un territoire de l’État espagnol où il n’y a pas eu de guerre : les îles Canaries. Le patronat, l’Église et la Phalange ont, liste en main, assassiné des hommes et des femmes, militants de la Fédération syndicale.

19 Mészáros, István (2007) “La unificación de la esfera reproductiva material y la esfera política: Alternativa al Parlamentarismo”.

20 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-8373. « Loi abrogée », peut-on lire.

21 https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana?anio=1977

22 https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana?sc=UEPAR-&anio=1980

23 https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana?anio=1985

24 Grimaldos y García Ribera, Andreu (1978). El Pacto de la Moncloa, algunas respuestas de la clase obrera. Ediciones de la Torre. Les informations mentionnées sont tirées de la préface rédigée par Andreu García Ribera à l’occasion de la réédition publiée par El Puerto Boletín en 2022.

25 Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores y Sindicato Unitario

26 Sola, Ramón (2025) “Así eran los 318 muertos a manos policiales o ultras en la alabada transición española”. Critique du livre de Luis Puicercús, (2024) Imborrables. Las víctimas ignoradas de la Transición (1976-1983). Ed. Txalaparta.

27 Ganser, Daniele (2005) “Los ejércitos secretos de la OTAN”. Pág 158

28 Le livre de Alfredo Grimaldos “La sombra de Franco en la Transición”, en particulier sa dernière édition, récemment enrichie de textes d’Andreu García Ribera, est un ouvrage incontournable pour comprendre la Transition et les enjeux de la situation actuelle.

29 Cónsola, J. (2025), « Lucha de clases en Sagunto ». Josep Cónsola a été secrétaire général de la section métallurgie du syndicat CC.OO. de Catalogne. Il raconte ici les 430 jours de grève des sidérurgistes contre la fermeture d’Altos Hornos del Mediterráneo, une entreprise moderne et compétitive qui devait toutefois fermer ses portes en raison des accords conclus dans le cadre de l’adhésion de l’Espagne à la CEE.

30 Maestro, A (2019) El Régimen de la Transición y el capital español en el saqueo de América Latina. Narcotráfico, paramilitarismo e imperialismo..

31 Cónsola, J (2026). Publié dans le numéro 10, printemps, de Con-ciencia de Clase