El asesinato del alma del movimiento obrero, objetivo principal de la Transición

Artículo publicado en la revista n.º 11 Con-Ciencia de Clase.

Ángeles Maestro

En la guerra contra el fascismo y en la dictadura que la siguió fueron masacrados los cuerpos de millones de trabajadores. La brutal y sistemática represión posterior aniquiló, pueblo a pueblo, a los mejores hijos e hijas de la clase obrera. El terror, inoculado a sangre y fuego en los quedaron, debía consumar la tarea de enterrar definitivamente cualquier forma de resistencia.

No lo consiguieron. El crimen masivo no logró, ni mucho menos, acabar con la resistencia obrera. En condiciones durísimas de represión, la clase trabajadora de los pueblos del Estado español – nutrida con la memoria de quienes cayeron – logró muy pronto reconstruir sus organizaciones y erigir un poderoso movimiento obrero. El hilo rojo se reconstruyó y nuevas generaciones que no habían vivido la guerra civil se colocaron a la cabeza de las luchas obreras.

La operación política de las clases dominantes llamada Transición, rematada por el golpe de Estado del 23 F de 1981 tuvo muchas dimensiones; entre ellas, la de sepultar el Derecho de Autodeterminación, con la LOAPA¹, o imponer la bota del imperialismo con la entrada en la OTAN. Sin ignorar su trascendencia, la clave de bóveda para imponer la estrategia de la oligarquía nacional y del imperialismo – maquillar la Dictadura sin cambiar las bases del poder– era debilitar, hasta la extenuación, la conciencia de clase.

1. Algunos apuntes del movimiento obrero durante la dictadura.

La reconstrucción de las organizaciones comunistas y anarcosindicalistas comienza en las zonas industriales poco después de terminar la guerra y cuando aún se oían los disparos de los grupos guerrilleros que actuaban en las sierras² y también en ciudades, como Madrid³. A pesar de que la Guerra Fría propició el reconocimiento del Régimen franquista por parte de EE.UU (1953) – a cambio de la instalación de las Bases militares – al que siguió el de los gobiernos de Europa occidental, la reorganización del movimiento obrero prosiguió. Poco a poco, una nueva generación de trabajadores y trabajadoras, en medio del terror, buscaba a tientas la reanudación del hilo rojo truncado por el asesinato masivo de sus predecesores.

La primera gran huelga tuvo lugar en 1947 en Vizcaya, en torno al 1º de mayo. Fue convocada por el Consejo Delegado – Junta de Resistencia, una plataforma clandestina que agrupaba a partidos políticos y a los sindicatos UGT, ELA-STV y CNT⁴. Se inició en los astilleros de Euskalduna y fue convocada mediante rudimentarias octavillas; pronto la siguieron otras empresas metalúrgicas de ambas márgenes de la ría. En un contexto de profundo descontento por los bajos salarios, largas jornadas laborales y carestía de la vida, se reivindicaba el derecho a celebrar el primero de mayo, prohibido por la dictadura. Pararon cerca de 40.000 metalúrgicos⁵. La huelga se prolongó hasta el 10 de mayo, en medio de una fuerte represión patronal (cientos de despedidos) y policial. Un trabajador murió por torturas en comisaría. El Consejo Delegado- Junta de Resistencia convocante decidió la vuelta al trabajo el día 11. Esa fue probablemente la primera comisión obrera.

Se había demostrado que aun en condiciones de dura represión, y la consiguiente clandestinidad relativa, era posible convocar huelgas y avanzar en la organización de la clase obrera.

Las comisiones obreras funcionaron de forma descentralizada y desde la base; por ello fueron más resistentes a la represión y también a su control por parte de estructuras con intereses ajenos a la clase obrera. La comisión estaba integrada por aquellos trabajadores que gozaban de la confianza de la asamblea, independientemente de su filiación política o ideológica y al margen de cualquier convocatoria institucional. El poder obrero, la asamblea y la unidad de clase son caras de una misma moneda.

La lucha obrera tiene un crecimiento constante, especialmente desde los años 60 hasta 1978. A pesar de que la huelga era considerada como un delito, el número anual de horas de huelga pasó de 850.000 en 1970, a 13.200.000 entre 1976 y 1978. De los miles de ejemplos que labraron la historia del movimiento obrero durante la dictadura, destaco dos de ellos de características y resultados muy diferentes:

• La huelga general de 1972 se inició en Ferrol en marzo con dos trabajadores asesinados y muchos heridos a manos de la policía y se extendió poco después a Vigo. La represión policial y los despidos tuvieron respuesta con la extensión de la huelga y la paralización de la ciudad. Cuando la patronal quiso despedir a toda la comisión obrera, surgió el grito “O todos o ninguno”. Nadie entró a trabajar hasta la readmisión. Todas las reivindicaciones se consiguieron. Se decía que “en Ferrol y Vigo se podía crear un poder en la calle y en las fábricas, superior al del Régimen”⁶.
• El 3 de maro de 1976, en Gasteiz (Vitoria), al salir de una asamblea en una iglesia, fueron asesinados cinco trabajadores, más de un centenar de personas heridas de bala, cientos de detenidos, contusionados, bajo las órdenes directas de Manuel Fraga y Martín Villa⁷. Sucedió en el marco de una huelga general convocada por la comisión obrera elegida por los trabajadores. Se les llamaba comisiones representativas y eran el símbolo más genuino del poder de la asamblea obrera que no sólo era el único órgano con poder para tomar decisiones sino que también podía revocar a los miembros de la comisión cuando lo considerara oportuno. Estas comisiones constituidas totalmente al margen de la legalidad franquista representaban la democracia obrera y la unidad de clase. La matanza, ocurrida cuando la gestación de la Transición estaba ya avanzada, fue un crimen de Estado ejemplarizante, de genuino terrorismo de Estado, cientos de veces reeditado en la sangrienta Transición. A los asesinos y a quienes dieron las órdenes de la matanza (Manuel Fraga y Rodolfo Martín Villa), como a tantos otros criminales de guerra, se les aplicó la Ley de Amnistía de 1977⁸

2. La mutación del PCE

La hegemonía del PCE en la reconstrucción del movimiento obrero en las primeras décadas de la Dictadura es indiscutible. En esa época el PSOE⁹ y la UGT (salvo en algunos lugares como en Asturias), son prácticamente inexistentes. Empezarán a aparecer a partir de 1974, cuando tras el Congreso de Suresnes se configuran como instrumentos privilegiados de los aparatos de poder de la burguesía española y del imperialismo euro-estadounidense¹⁰.

El papel decisivo para llevar a cabo la operación de asegurar la continuidad en el poder de las clases victoriosas de la Guerra Civil y de sus aparatos de Estado con el necesario “consenso”, lo jugó la dirección del PCE, la organización que tenía una influencia decisiva en la clase obrera.

Una buena parte de sus más combativos y heroicos militantes que participaron decisivamente en la configuración de la resistencia obrera frente a la Dictadura, sufrió la represión interna: sus estructuras organizativas, sobre todo las células y los comités de fábrica, fueron disueltas y sus principales dirigentes expulsados.

El principio Los primeros pasos de la mutación del PCE se dieron en su dirección que residía mayoritariamente en el exterior. En su desarrollo influyó con fuerza el triunfo en el XX Congreso del PCUS (1956) de la demoledora crítica a toda la época de Stalin, encabezada por N. Kruschev en su “informe secreto”¹¹. Se fortalecieron las posiciones revisionistas lideradas por Santiago Carrillo que en su VI Congreso (1959) sustituye a Dolores Ibárruri en la secretaría general.

El proceso político que culmina con la muerte de Stalin y la victoria de sus oponentes políticos dio origen a cambios decisivos en la dirección del PCUS y en los aparatos del estado soviético que determinaron a su vez transformaciones definitivas en los partidos comunistas de la órbita soviética. Se impuso la línea de convivencia pacífica con el imperialismo y la penetración de ideologías “reformistas” que acabarían con la propia URSS y que en pocos años iban a reducir a la insignificancia a los mayores partidos comunistas de Europa.

Los cambios cualitativos ocurridos en el PCE, si bien se enmarcan en el proceso general de derrumbe ideológico y político de los partidos comunistas europeos, tuvieron características propias derivadas de la propia historia de España. Ambos procesos, el general y el específico, íntimamente relacionados, condujeron al derrumbe de una organización con una historia heroica durante la Guerra Civil y buena parte de la lucha contra la Dictadura, y que acabó siendo cómplice decisivo en una operación política al servicio de las clases dominantes y contra la clase obrera.

El VIII Congreso (1972) sancionó la liquidación de sus rasgos revolucionarios y puso las bases del eurocomunismo: aceptación del Mercado Común Europeo y el llamado Pacto por la Libertad. Todo este proceso estuvo plagado de expulsiones de destacados miembros de la dirección o de silenciosos abandonos, como el de Manuel Sacristán. En esa época se produce también la entrada en el PCE de la organización Bandera Roja, compuesta por intelectuales de la pequeña burguesía.

El eurocomunismo, los pactos y la promesa de altos cargos institucionales les venían como anillo al dedo. Pronto se situaron en la dirección y reforzaron los profundos cambios que se habían iniciado. Sus miembros, años después, ocuparían ministerios en los gobiernos del PSOE¹².

Para valorar esta mutación y sus repercusiones en el movimiento obrero y popular es útil esta comparación. En el año 1970, en el Proceso de Burgos, se condenó a muerte a seis miembros de ETA. Las masivas movilizaciones populares y la presión internacional impidieron que las sentencias fueran ejecutadas. La militancia del PCE, junto a otras organizaciones participó en las luchas masivas, considerando a los militantes de ETA, “compañeros, con diferente línea política”. En el año 1975, con el Régimen debilitado y fracturado, cuatro consejos de guerra – obviamente sin las mínimas garantías procesales – condenaron a muerte a once personas. Se consumó el fusilamiento de cinco: tres miembros de ETA y dos del FRAP, a pesar de las grandes movilizaciones en el interior y en el exterior. En aquel momento la dirección del PCE consumó una de sus mayores ignominias: dio la orden a la agrupación de abogados de no prestar ningún apoyo legal a los encausados. El PCE, con su pasividad ante un abominable crimen de Estado que acabó con las vidas de cinco jóvenes antifascistas condenados sin la más mínima garantía procesal, mostraba su

lealtad a las estructuras de poder que ya se estaban gestando. El 27 de septiembre de 1975, con Franco agonizante y Juan Carlos ya en la jefatura del Estado se ejecutaron las sentencias¹³.

En 1975 se publica el Manifiesto Programa que diseña un camino de cambios graduales obtenidos por la vía electoral que abrirían el camino al socialismo. En 1977 aparece el libro de Santiago Carrillo “Eurocomunismo y Estado”. La crítica más lúcida desde posiciones comunistas al viraje estratégico del PCE, iniciado mucho antes pero que se consumaba entonces, la realizó Manuel Sacristán. Desechando cualquier visión idealista de la correlación de fuerzas, que finalmente se mide en “tanques” (sic) plantea que efectivamente hay momentos históricos en los que una fuerza revolucionaria debe dar un paso atrás, pero lo que es inadmisible es que esa retirada táctica se convierta en una integración acomodaticia y se presente como una vía victoriosa al socialismo.

Cuando las elucubraciones teóricas se concretan y se llega a la firma del Pacto de la Moncloa, las palabras de Manuel Sacristán son una premonición de la insignificancia en la que se ha convertido hoy “El Partido” de los años de lucha contra la Dictadura:

Desde mi punto de vista, firmar el pacto de la Moncloa, o en general fabular vías al socialismo es meterse a zascandil de la historia, intentar ser universal y perder en el intento hasta la misma identidad de uno; es, en suma, querer ser demiurgo y quedarse en mequetrefe. Y eso mismo me parece en general el empeñarse el hombre en instrumentar «engarces» entre el día y el siglo¹⁴.

3. Grandes palos a cambio de pocas lentejas.

Es bien conocido que la legalización del PCE en abril de 1977 se produjo tras la aceptación por parte de su cúpula de la monarquía heredera directa del franquismo, el himno y la bandera de los fascistas vencedores de la guerra civil. También se renunció a la realización de un referéndum sobre la forma de Estado.

El control del movimiento obrero en España por parte de la oligarquía imperialista era clave en momentos de auge de la lucha popular y de gran inestabilidad política, especialmente en Europa.

Para valorar la importancia de esto último recuerdo que el 25 de abril de 1974 tuvo lugar la Revolución de los Claveles en Portugal y en diciembre de ese mismo año el pueblo griego había votado masivamente contra la monarquía aliada del fascismo, y expulsado del país a la familia real, parientes directos de la reina Sofía. Por otra parte el movimiento obrero y popular vivía una gran efervescencia al calor de la derrota del imperialismo en Vietnam, del auge de los movimientos de liberación nacional y de las luchas obreras en Europa que se enfrentaban a los primeros zarpazos de la versión neoliberal del capitalismo en crisis.

La aceptación de la monarquía, además de otorgar legitimidad a la herencia de la dictadura, supuso la venta directa de un sentimiento popular muy arraigado contrario a la monarquía y en una correlación de fuerzas mayoritariamente favorable a la república. Un informe de la Fundación Foessa de1970¹⁵basado en una encuesta sobre la forma de Estado preferida para después de Franco, arrojaba los siguientes datos:

• República……. 49,4%
• Actual………… 29,8%
• Monarquía…….20,8%

No se trató sólo de una aceptación formal por la que el PCE eliminaba la bandera bajo la cual habían luchado y muerto decenas de miles de militantes. Los guardaespaldas de Carrillo, como relata Alfredo Grimaldos, se dedicaban a arrancar y desgarrar las banderas republicanas de quienes osaban desplegarlas¹⁶. No sólo era la bandera, era toda una heroica historia de lucha y de resistencia – empezando por la de sus propios militantes – lo que la dirección del PCE pretendía sepultar.

Dice Rodolfo Wals: Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores, la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas.

Cuando las principales organizaciones de las clases oprimidas se hacen cómplices, e incluso ejecutoras, de la amputación de la memoria, el desastre es mucho mayor.

Era el primer gran golpe contra la clase obrera y los pueblos del Estado español. El segundo vendría pocos meses después. La Ley de Amnistía de octubre de 1977 anulaba todo tipo de responsabilidad por los crímenes: asesinatos, torturas, robos, violaciones, despidos y persecuciones de todo tipo de autoridades, perpetrados desde el golpe de Estado de 1936. Esta Ley, incompatible con el Derecho Internacional que considera imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, sólo se diferencia de las que suelen autoaplicarse todas las dictaduras en que aquí era aceptada y aplaudida por los supuestos representantes de las víctimas.

Esta Ley es una de las más gigantescas «leyes de punto final» que ha conocido la larga historia del terrorismo de Estado. Bajo ese manto de impunidad cayeron hechos muy recientes entonces y de la magnitud del fusilamiento de cinco jóvenes antifascistas el 27 de septiembre de 1975, con Franco agonizante y con el rey ejerciendo de número dos en la Jefatura del Estado, o la matanza por disparos de la policía de cinco trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, siendo Fraga Iribarne Ministro de la Gobernación.

La Ley de Amnistía no sólo cancelaba y dejaba impunes todos los delitos perpetrados por los aparatos del Estado. Supuso también mantener en sus altos cargos a todos los fascistas asesinos, torturadores y ladrones, del Ejército, la Policía, la Guardia Civil, la Judicatura, las administraciones públicas, las universidades, las escuelas, los hospitales, y también de la patronal y de la Iglesia Católica. Es decir, quedaba intacto todo el engranaje de poder así como todas las estructuras sociales que habían sostenido y reproducido un Régimen fundado sobre el asesinato sistemático y el terror.

Se vendía así, a cambio de la legalización de un PCE ya desnaturalizado, el tesoro de heroísmo y de lucha obrera y popular de quienes cayeron defendiendo la república y la revolución y de quienes pagaron con la vida, el exilio o la cárcel la reconstrucción de sus organizaciones. El pago de los traidores fue también honorífico; en los salones de la burguesía y en la prensa se reconocían los servicios prestados por Santiago Carrillo – el aprendiz de demiurgo convertido en mequetrefe, como lo definía Manuel Sacristán – considerándolo “hombre de Estado”. A su vez, Jordi Solé Tura, dirigente de Bandera Roja, se convertiría en “padre” de la Constitución.

4. Lucha de clases con las manos atadas.

La única forma de analizar cabalmente la Transición es desde la perspectiva de la lucha de clases.

La gran burguesía y la aristocracia que, “chorreando sangre y lodo” habían desarrollado su poder al amparo de la Dictadura¹⁷, vieron consagrada su impunidad por la Ley de Amnistía. El robo a mano armada – nunca mejor dicho – se había perpetrado mediante la lucha de clases más feroz: la patronal, la Iglesia y la Falange iban asesinando salvajemente, pueblo a pueblo, barrio a barrio, a militantes de partidos y sindicatos, muchas veces también a sus familias y a quienes osaron resistir¹⁸.

Parafraseando a István Mészáros¹⁹, la Transición dejó a la clase obrera con las dos manos atadas a la espalda frente a la lucha de clases; una de ellas por la burguesía y la otra por sus propios partidos reformistas y por los dirigentes de CC.OO y UGT.

La gran ofensiva contra la clase obrera y los pueblos del Estado español que fue la Transición requirió potentes embestidas ideológicas mezcladas con dosis altas de represión y algunas migajas para los sobornos de dirigentes, bien en “mordidas” o bien en especie con cargos institucionales.

Doce días después de votada en las Cortes la Ley de Amnistía, se firmaron los Pactos de la Moncloa.

Bajo muchos ropajes literarios y declaraciones de intenciones, los Pactos expresaban la voluntad de dejar sin efecto la ley más favorable a los intereses de la clase obrera de la historia, la Ley de Relaciones Laborales de 1976²⁰. Esta Ley, que fue promulgada por las Cortes franquistas y con los dirigentes sindicales en la cárcel, muestra con claridad meridiana que lo determinante es la correlación de fuerzas y que entonces la clase obrera era fuerte y el Régimen estaba muy debilitado. La Ley, además de garantizar la estabilidad en el empleo, establecía en su artículo 35 algo básico para la lucha de clases: la obligatoriedad de readmitir al trabajador en un despido improcedente, prohibiendo expresamente sustituirlo por indemnización, salvo que el trabajador lo solicitara. Era un instrumento clave contra los despidos de dirigentes y las “listas negras”. Duró poco más de un año.

En los Pactos de la Moncloa, que buscan justificación en la “gran crisis económica” – la misma con la que un año antes se promulgó la progresista Ley anterior – y en aras de la “creación de empleo” y la “competitividad”, se congelaban los salarios y desaparecía la causalidad en el tipo de contrato (debía ser indefinido si la producción también lo era), abriendo camino a la contratación temporal. De la trampa mortal a la que condujeron los nuevos padres de la patria a la clase obrera dan cuenta las cifras siguientes:

Tasa de paro. 1977: 5,7%²¹; 1980: 12%²²; 1985: 21,5%²³

El poder adquisitivo de los salarios bajó 8,2 puntos entre 1977 y 1981, mientras los beneficios empresariales aumentaron la astronómica cifra de un 83,7%. Andreu García Ribera²⁴ relaciona estos hechos con los topes salariales vinculados a la inflación prevista por el Gobierno y no a la real que siempre era muy superior, además de la derrota general de la clase obrera que se inició con dichos Pactos.

Lo que se introducía como una emergencia frente a la crisis fue el inicio de un retroceso ininterrumpido en los derechos laborales y sociales. La patronal, que tenía y tiene muy clara la lucha de clases, sabía que lo importante era debilitar al enemigo.

La primera estocada fuerte vino con Real Decreto 17/1977 sobre relaciones de Trabajo. Llamo la atención sobre el hecho de que con un Real Decreto emitido por el Gobierno y de rango manifiestamente inferior al de una Ley, se modificara la Ley de Relaciones Laborales de 1976. Este procedimiento, flagrantemente contrario a derecho, no fue denunciado ni en el nuevo parlamento ni por los sindicatos. Obviamente el “trágala” estaba aceptado.

El R.D. 17/1977 deroga expresamente el artículo 35 de la Ley de 1976 y restablece el despido improcedente como opción del empresario, hecho reclamado insistentemente por la patronal. El citado artículo 35 decía así:

Art.35.1. Cuando en un procedimiento por despido, el Magistrado de Trabajo considere que no hay causa justa para el mismo, en la sentencia que así lo declare condenará a la empresa a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse aquél, así como al pago del importe del salario dejado de percibir desde que se produjo el despido hasta que la readmisión tenga lugar.

Art. 35.4. Cuatro. La sentencia que imponga la readmisión deberá ser cumplida por el empresario en sus propios términos, sin que pueda ser sustituida por indemnización en metálico, salvo acuerdo voluntario de las partes o cuando el Magistrado, atendiendo a circunstancias excepcionales apreciadas en el juicio que impidan la normal convivencia laboral, resuelva dejar sin efecto la readmisión mediante el señalamiento de una compensación económica.

Dicha compensación no podrá ser en ningún caso inferior a seis meses de salario ni a dos mensualidades por año de servicio, sin que la cantidad resultante pueda exceder de doce anualidades. Cuando se trate de trabajadores titulares de familias numerosas, dichos mínimos se multiplicarán por uno coma cinco, si es de primera categoría, y por dos, en los demás casos. Los trabajadores mayores de cuarenta y de cincuenta y cinco años quedarán equiparadas, a estos efectos, respectivamente, a las categorías indicadas, e igualmente los minusválidos, según los coeficientes que reglamentariamente se establezcan.

Además el Real Decreto 17/1977 introduce restricciones muy importantes al derecho de huelga que continúan vigentes, tales como el aviso previo, la prohibición de ocupar los locales durante la huelga y, sobre todo el artículo 11 que declara expresamente ilegal la huelga:

a) Cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente (sic) al interés profesional de quienes la promuevan o sostengan.

c) Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo.

La derogación de esta norma, que es de las más restrictivas de los derechos laborales y que atenta directamente contra derechos básicos y contra la solidaridad de clase, debería ser uno de los pilares de las reivindicaciones comunes de la clase obrera, máxime cuando el R.D. es preconstitucional y vulnera flagrantemente la jerarquía normativa, ya que un Real Decreto no puede derogar una Ley.

5. El final de las comisiones obreras y el estallido de la unidad de clase.

Las comisiones obreras, como los soviets, no fueron el resultado de la decisión de ningún Comité Central. Fueron una brillante creación de la clase obrera que respondía a sus necesidades más importantes. La comisión obrera estaba constituida por un grupo de trabajadores y trabajadoras, elegidos por la asamblea de toda la plantilla, para ser sus portavoces en reivindicaciones, huelgas, etc. Era la asamblea la dueña absoluta de la toma de decisiones. Las comisiones se elegían al margen de cualquier normativa institucional, no por cuotas ideológicas, políticas o de otro tipo, sino por ser depositarios de la confianza de sus compañeros; respondían ante la asamblea y eran revocados cuando, por la razón que fuera, no cumplían adecuadamente. El poder obrero y la unidad de clase eran una misma cosa y surgía desde la base, que era el fundamento de una coordinación sectorial y territorial posterior.

Acabar con ello fue uno de los objetivos de la burguesía durante la Transición. Los despidos y las sanciones, que la recién estrenada legislación permitía, fueron un instrumento clave para descabezar el movimiento obrero, unido a los cambios organizativos internos que iban en la misma dirección.

Un ejemplo bien ilustrativo de cómo el “consenso” y el “pacto social” se iban convirtiendo en colaboración de clase: La Ley de Amnistía liberó a cientos de dirigentes sindicales de las cárceles; cárceles que además se habían convertido en universidades de la conciencia de clase. La patronal gastó ingentes cantidades de dinero para que esos cuadros sindicales no se reincorporasen y no hubo ninguna orientación general, ni política, ni sindical, por parte del PCE o de CC.OO en sentido contrario. La clase obrera, fábrica a fábrica veía así desaparecer a sus mejores dirigentes.

La consumación del fin de las comisiones obreras originarias fue la constitución del sindicato de CC.OO, decisión adoptada en el Congreso celebrado en 1978, que supuso también su ruptura. Aparecieron múltiples escisiones, entre ellas las de la CSUT y SU ²⁵

Al tiempo que se declaraba ilegal la solidaridad entre los trabajadores – elemento clave de la unidad y la conciencia de clase – la patronal daba un paso decisivo para fortalecerse aun más como grupo de presión, en junio de 1977 se creaba la CEOE.

La llamada “territorialización” representó la ruptura de los lazos políticos del PCE con la clase obrera en una maniobra genuina de colaboración de clase con la burguesía. La dirección del partido disolvió las células y comités de fábrica enviando a sus militantes a organizaciones de barrio. Era la consumación del eurocomunismo, la renuncia a todo proyecto revolucionario basado en el poder obrero para, según se decía, prepararse para ser “partido de gobierno”.

6. La Transición “pacífica” chorreando sangre.

318 muertos, asesinados a sangre fría por la policía, la guardia civil o por organizaciones fascistas entre 1976 y 1983²⁶. A algunos, como los responsables de los asesinatos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, los convirtió en impunes la Ley de Amnistía. Al resto les aseguró la impunidad el propio Estado con juicios amañados, ocultando pruebas, facilitando la huida de los asesinos o indultándolos. Este hecho por sí mismo bastaría para demostrar la continuidad del fascismo en los aparatos del Estado y que, independientemente de la mano ejecutora, los crímenes se hacían en su nombre. Eran estrictamente Terrorismo de Estado.

Es menos conocida la vinculación del terrorismo de Estado desde el final de la II Guerra Mundial, en España y en Europa, con la OTAN. “Solamente tras el escándalo de Gladio en 1990 se pudo descubrir que quizás la mayor red de Quintas Columnas secretas ha sido hasta hoy la red stay behind de la OTAN”²⁷ La íntima relación entre los aparatos de Estado de la Dictadura que pasaron a la “democracia” sin depuración alguna, los grupo fascistas y organizaciones terroristas como los GAL (en sus diferentes versiones, incluida la judicial), permitió centenares de asesinatos de jóvenes militantes que permanecen impunes²⁸.

El Golpe de Estado del 23 F de 1981 (y los demás Golpes en él inscritos) contó con la implicación de la monarquía, de la patronal CEOE y de todas las fuerzas políticas parlamentarias, incluido el PCE con Jordi Solé Tura como ministro de un hipotético gobierno del general Armada. Fue la puntilla a un movimiento obrero que ya venía malherido. Se acababa de aprobar el Estatuto de los Trabajadores (marzo de 1980) que consolidaba un modelo de participación que restringía notablemente el poder de las asambleas y se reduce a los trabajadores al papel de electores cada 4 años de un “parlamento”, del comité de empresa, integrado por sindicatos que compiten entre sí, pulverizando la unidad de clase, y que puede tomar decisiones al margen de las asambleas.

En 1984 se aprobó la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Con el movimiento obrero ya a los pies de los caballos se podía aprobar una Ley Orgánica que no sólo consolidaba el recorte de derechos del Real Decreto de 1977, sino que, con CC.OO y UGT aceptando el papel de “agentes sociales” de la patronal, se podía terminar lo poco que no había quedado “atado y bien atado”. Se restringe el derecho de negociación a la obtención de más del 10% de representación en las elecciones sindicales, que en la práctica sólo obtienen CC.OO y UGT, se reparte el patrimonio sindical histórico y se decide su financiación por diferentes mecanismos que confluyen en los Presupuestos Generales del Estado y de las CC.AA.

Se estaba preparando ya la brutal “reconversión industrial” que, con el señuelo de la entrada en el paraíso de la Comunidad Económica Europea, liquidó gran parte de la industria pesada, la agricultura y la ganadería, para convertirnos en compradores de productos de Francia y Alemania. Las importantes y numerosas luchas obreras permanecieron aisladas entre sí y sistemáticamente traicionadas²⁹.

Empezaron también entonces por parte del PSOE que gobernaba con mayoría absoluta, las privatizaciones a precio de saldo de empresas públicas estratégicas. Era la época del “pelotazo”, cuando el ministro de economía Solchaga decía sin sonrojo que “España es el país donde se puede hacer uno rico en menos tiempo”³⁰.

La ratificación del ingreso de España en la OTAN mediante un referéndum amañado y el incumplimiento inmediato de todas las condiciones para el “Si” cierra un capítulo siniestro de la lucha de clases³¹. En él, el capitalismo español y el imperialismo, chorreando sangre y lodo, cumple sus objetivos con la complicidad bien pagada de las cúpulas sindicales “mayoritarias”.

“ Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones”

Hoy, a tientas, se van dando pasos hacia la reconstrucción de la fuerza de la clase obrera. Hay sindicalismo de combate como la CTA, el FSOC, la CTM de Cádiz, el sindicato 25 de marzo de Extremadura, e intentos muy prometedores en torno a la Federación Sindical Canaria, que además recupera la memoria de lucha y de represión de la clase obrera canaria.

Todos ellos, además de fortalecer su implantación entre la clase obrera, intentan dar pasos para superar la dispersión, siendo conscientes de dos elementos claves:

1. Que CC.OO y UGT son instrumentos de la burguesía en el movimiento obrero y que, por lo tanto, se sitúan al otro lado de la barricada en la lucha de clases; es decir, que la reconstrucción del movimiento obrero requiere la negación de las estructuras que aseguran el dominio de la patronal.

2. Que si las luchas no se enmarcan en una estrategia de conquista del poder político por la clase obrera, desaparecen sin dejar rastro.

La reconstrucción del alma de la clase obrera, la reanudación del hilo rojo de su historia, exige hundir sus raíces en el combate general de quienes nos precedieron e inscribir las luchas cotidianas en el objetivo de cumplir su misión sagrada: destruir el capitalismo y construir el socialismo.

1 Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico

2 En la Sierra de Córdoba hubo algún grupo guerrillero hasta finales de los años 60

3 Francisco Moreno Gómez relata en este artículo hechos poco conocidos de la guerrilla antifranquista en Getafe, dirigida por trabajadores de Construcciones Aeronáuticas y dependiente del PCE, a través de Jesús Monzón, el entonces Jefe de la Delegación Española del Comité Central del PCE y posteriormente defenestrado por esta organización: https://www.franciscomorenogomez.net/2017/09/getafe-guerrilla-antifranquista.html

4 En 1943 se formó clandestinamente en el interior del país el “Consejo Delegado” compuesto por los partidos miembros del Gobierno Vasco en el exilio. En 1945 se integraron en él los sindicatos UGT, ELA-STV y CNT de Euskadi.

5 Un relato detallado de la huelga elaborado sobre la memoria de quienes la vivieron se puede consultar aquí. https://mareometro.blogspot.com/2013/10/la-huelga-del-47.html

6 Román Lago, Isidro (2015) Todos con Vigo!! Mobilización obreira e folga xeral (1962-1972)

7 Val del Olmo, A. (2026) Lecciones del 3 de marzo de 1976. Artículo publicado en el número 10, primavera 2026, de la revista Con-ciencia de Clase.

8 Lasheras, Amparo (2012. 3 de marzo de 1976)

9 A pesar de su insignificancia, o precisamente por ella, el PSOE, ya en 1958 estaba dispuesto a venderse, una vez más. Joan Garcés en su imprescindible libro Soberanos e intervenidos(1996), cita una nota de la Embajada de EE.UU en Madrid al Departamento de Estado en la que da cuenta de la visita de Carlos Zayas – Agrupación Socialista Universitaria – ofreciendo la colaboración de otros socialistas como Joan Raventós (futuro presidente del Parlament de Catalunya), José Federico de Carvajal (futuro presidente del Senado) y Mariano Rubio (futuro presidente del Banco de España), si recibieran los apoyos materiales que buscaban”.

10 Garcés, J. Op cit. Páginas XV a XXIX.

11 Un importante análisis acerca de la represión en la URSS en los años 1937 – 1938 que puede modificar la valoración de la misma y que documenta el hasta ahora desconocido papel destacado de Nikita Kruschef en la misma ha sido realizado en Ruiz Lobo, V. (2026). La luz en la larga sombra. La represión de 1937 – 1938 en la URSS. https://cncomunistas.org/?p=2519

12 Aunque la lista es larga destaco a Jose Luis Ábalos, ex ministro y procesado en el caso Koldo (mascarillas), Rosa Aguilar y a Diego López Garrido.

13 En Euskal Herría se convocaron huelgas generales con amplio seguimiento, tanto contra las condenas a muerte del Proceso de Burgos (que finalmente no se ejecutaron) como contra la ejecución de los 5 militantes antifascistas en septiembre de 1975.

14 Sacristán, Manuel (1978), “Respuesta a Daniel Lacalle”. Materiales, número 8.

15 Fundación Foessa: Informe sociológico sobre la situación social en España.1970. Madrid. Citado por Garcés, J.(1996). Op. Cit . Página 171.

16 https://memorialibertaria.org/alfredo-grimaldos-la-reivindicacion-de-la-decencia/6/

17 Sánchez Soler, Mariano (2001) Ricos por la Patria. Grandes magnates de la Dictadura. Altos financieros de la democracia. Historia de quienes alimentaron sus enormes fortunas con los ríos de sangre de la Dictadura y en la Transición se volvieron demócratas de toda la vida.

18 González, F (2025) Los barrancos del silencio. Ed. El Mono libre. Destaco esta obra reciente, basada en testimonios directos de familiares, en la que página a página se documenta el carácter de clase de la represión en un territorio del Estado español en el que no hubo guerra, las Islas Canarias. La patronal, la Iglesia y la Falange fueron, lista en mano, asesinando a los hombres y mujeres, militantes de la Federación Sindical.

19 Mészáros, István (2007) “La unificación de la esfera reproductiva material y la esfera política: Alternativa al Parlamentarismo”.

20 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-8373. “Ley derogada”, dice.

21 https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana?anio=1977

22 https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana?sc=UEPAR-&anio=1980

23 https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana?anio=1985

24 Grimaldos y García Ribera, Andreu (1978). El Pacto de la Moncloa, algunas respuestas de la clase obrera. Ediciones de la Torre. Los datos referidos están tomados del prólogo escrito por Andreu García Ribera con motivo de la redición realizada por El Puerto Boletín en 2022.

25 Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores y Sindicato Unitario

26 Sola, Ramón (2025) “Así eran los 318 muertos a manos policiales o ultras en la alabada transición española”. Reseña del libro de Luis Puicercús, (2024)Imborrables. Las víctimas ignoradas de la Transición (1976-1983). Ed. Txalaparta.

27 Ganser, Daniele (2005) “Los ejércitos secretos de la OTAN”. Pág 158

28 El libro de Alfredo Grimaldos “La sombra de Franco en la Transición”, especialmente su última y reciente edición ampliada con textos de Andreu García Ribera, es un libro de obligada lectura para comprender la Transición y las claves de la situación actual.

29 ^{Cónsola, J (2025)”Lucha de clases en Sagunto”. Josep Cónsola fue secretario general del metal de CC.OO de Cataluña . Relata aquí los 430 días de huelga de los siderúrgicos contra el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo, empresa moderna y competitiva pero que por los acuerdos de entrada de España en la CEE debía ser cerrada}

30 ^{Maestro, A (2019) El Régimen de la Transición y el capital español en el saqueo de América Latina. Narcotráfico, paramilitarismo e imperialismo..}

31 Cónsola, J (2026). Publicado en el número 10, primavera, de Con-ciencia de Clase